En estos días había tenido el buen ánimo que a todo ciudadano le significa el fin de las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19. Esa efímera satisfacción se me ha ido al suelo con la invasión de Ucrania por el imperialista Vladimir Putin.

Bueno, todo es efímero. Toda esta tragedia internacional no podía quedarse sin que la acompañara en Tiquicia una agria noticia que nos ha regalado nuestra aciaga Corte Plena: para el año 2023 se comprarán 7 vehículos de lujo, último modelo, para uso discrecional de unos oprobiosos magistrados.

Existen serias deficiencias en la administración de justicia. El cobro judicial está colapsado, existen restricciones para la compra de vehículos para el normal funcionamiento del servicio (funcionarios que los requieren para labores de campo, como los Jueces o Juezas Agrarios o el Organismo de Investigación Judicial no cuentan con su uso oportuno), en la materia laboral, también colapsada, eliminan plazas a diestra y siniestra, los salarios están congelados... Sin embargo, la Corte Plena no tiene un plan remedial para al menos paliar las más graves deficiencias del Poder Judicial. No importa si uno de los motivos de la solicitud de quiebra de Casablanca fue el colapso de los Juzgados de Cobro Judicial que les impidió recuperar en plazos razonables sus deudas y que deja en la calle a cientos de trabajadores, no importa si una demanda de un trabajador despedido injustamente le demora años para que se le reconozca su derecho a extremos laborales no pagados, no importa si los señalamientos para juicio en los tribunales contencioso administrativos están a varios años plazo, no importa si un recurso de casación ante Sala I de la Corte tarda en resolverse más de 4 años, no importa que un proceso de divorcio demore más años de los que dura la infancia de los hijos, no importa en fin, que la administración de justicia sea un fracaso. Lo que sí importa es pasearse por las calles de un país empobrecido hasta la médula, con un carro del año, en el asiento de atrás como cualquier nuevo rico y conducido por un chofer.

¿Cómo justifica la Corte este desatino? Informó su oficina de prensa:

Si bien la política institucional es realizar el cambio cada 6 años, atendiendo a la situación fiscal del país, el plazo se ha venido extendido a 8 y 7 años, por lo que las unidades son 2014 y 2015".

Resulta que ningún vehículo es 2014. De los 7, 2 son modelo 2015 y el resto modelo 2016. Además de mentirosa, la nota desnuda la desfachatez cortesana que se gobierna por magistrados angurrientos y con un estilo como de sátrapas.

Podría pensarse que no hay necesidad del cambio y discutir si los vehículos estaban viejos o no. Sin embargo, lo que resulta imperativo es que empecemos a eliminar asquerosos privilegios. Todos esos magistrados antes de ser nombrados mediante procedimientos muy cuestionados tenían su propio vehículo y se las agenciaban como cualquier trabajador costarricense, público o privado, para ir a su trabajo. ¿Por qué el cargo tiene que aparejar un privilegio tan irracional? ¿Por qué tiene que ir con chofer, vehículo y gasolina pagados por el estado costarricense a visitar amigas o amigos cercanos, parientes, ir a misa o cualquier otra actividad ajena a la de administrar justicia? ¿Son funcionarios de tan altos kilates que merecen estar por encima de cualquier otro funcionario público o trabajador costarricense?

Tenemos que revisar tantos privilegios. Ojalá que la denuncia de funcionarios valientes dentro del Poder Judicial, que se hacen sentir, genere un movimiento que acuerpe algún legislador decente para que se derogue la ley que les otorga vehículo discrecional y chofer. Debe ser así, porque nuestra nauseabunda Corte Plena, además de podrida es una desvergonzada.

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