La Cámara de Empresarios del Combustible anunció este lunes su oposición al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que pretende atenuar los efectos de la invasión rusa de Ucrania en el precio de los combustibles y sus consecuencias derivadas.

El Ejecutivo planteó ante el Congreso el expediente 22.966 con el cual pretende establecer temporalmente un crédito fiscal para el sector de transporte y el agropecuario, mediante el cual se permita aliviar los costos por pago de combustibles en el impuesto sobre la renta; y modificar la forma como se realiza el ajuste al precio de los combustibles, para lo cual se plantean diferentes medidas con un impacto sobre el precio final: utilizar los precios efectivamente pagados por Recope y no los precios observados; reducir el "Rédito para el Desarrollo" en el componente de gastos operativos de Recope; y reducir el margen de los transportistas y de las estaciones de servicio.

En un comunicado de prensa la Cámara de Empresarios del Combustible calificó el plan del Ejecutivo de "autoritario" y lo acusó de tener un "total desconocimiento de la operación del subsector distribución de combustibles".

Según la Cámara, el proyecto de ley tiene varias falencias, entre ellas:

  • El Ministro de Hacienda y el Presidente creen que el índice de referencia de precios de los combustibles para Costa Rica es el BRENT (Europeo), siendo lo correcto los precios cotizados con referencia al WTI (USA).
  • El Ministro de Hacienda y el Presidente creen que el margen de distribución es porcentual respecto al precio al consumidor, ignorando que el modelo del expendio valora costos de operación, por lo tanto es un monto fijo en colones por litro.
  • El Ministro de Hacienda y el Presidente creen que el margen de distribución ingresa integro a las cuentas de bancos, sin saber que de ese margen de distribución se deben pagar todas las obligaciones, salarios, cargas sociales, costos operativos, servicios, cánones, impuestos, mantenimiento, prestamos y otros.

La Cámara también criticó que la iniciativa de ley pretenda "incautar" el 25% de la tarifa del margen de comercialización fijado por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Alberto Mesén, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Empresarios del Combustible, afirmó el proyecto de ley "viene a cercenar los márgenes de los distribuidores en forma brutal, y constituye una sanción económica al sector más importante y motor de la economía costarricense, sin siquiera, ni por asomo, reconocer que son los impuestos los que encarecen el precio, ya de por si encarecido por los eventos internacionales".

Nuestra organización considera desproporcionada y falta de análisis inteligente, una propuesta totalmente reactiva, que lo único que hace es socavar al sector, sin impactar efectivamente los precios para los consumidores en general. Los gasolineros y transportistas valoraremos las acciones legales contra la propuesta y de hacerse efectiva contra los promotores de lo que será un descalabro económico sin precedentes. La propuesta desde ya genera un ambiente de inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad del servicio.

La organización también señaló que el proyecto rompe con el principio de servicio al costo, pues las estaciones de servicio reciben el margen de comercialización de acuerdo con la aplicación de un modelo tarifario que corre la Aresep, en donde priva el principio del servicio al costo que reconoce las inversiones, gastos y depreciación, entre otros para fijar la tarifa al prestador del servicio.

"Con esta iniciativa de ley, el Gobierno de manera arbitraria pretende tomar recursos de empresas privadas y disponer de ellos, sin querer meterse la mano a su bolsa, reduciendo el Impuesto Único al Combustible, que es el rubro más alto que compone el precio de las gasolinas. El sector y la economía costarricense viene paulatinamente recuperándose a los niveles de operación previos a la pandemia. Esta propuesta hundirá a las ya socavadas economías, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas", dijo la Cámara.

En síntesis, los empresarios del combustible acusan que el proyecto de ley representa una confiscación de dos veces el capital de trabajo de una estación de servicio promedio; devuelve el margen de distribución 10 años atrás pero con los costos actuales de operación; tiene un impacto mayor a lo experimentado en plena pandemia durante el 2020; incauta recursos similares al pago mensual de los salarios operativos o incauta recursos similares al pago total de servicios y mantenimiento de sistemas, planta y equipo; y que la sanción económica implica 3.3 veces más el impuesto de renta que pagan en promedio las estaciones de servicio y el transporte.

De aprobarse este proyecto, se retrotraerían los márgenes de distribución a más de una década, llevándolos a 42.51 colones con la salvedad; de que hace 10 años eran menos estaciones, lo volúmenes de venta eran mayores y los costos operativos mucho menores y como corolario, precedido de un período de crisis económica para todos los sectores donde al menos hubo medidas compensatorias por los efectos [de la] COVID-19.

La Cámara indicó que el texto de la iniciativa de ley "evidencia miopía respecto a la operación del sector", puesto que supone que todas las estaciones de servicio se comportan igual en sus estructuras de costos e ingresos; y no considera que la medida afectará en demasía a las más vulnerables.

En conclusión, el sector gasolinero no puede aceptar una ley confiscatoria y ruinosa por nobles que sean sus propósitos, la propuesta al igual que otros actos de este Gobierno, atacan directamente a sus pobladores, irrespetan la propiedad privada y cuartan el ejercicio de la libre empresa.