El Directorio de la Asamblea Legislativa anunció este viernes que el Congreso realizará una investigación sobre las acciones de la diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera.

A través de un comunicado de prensa enviado por la vocería de prensa de la Presidenta Silvia Hernández Sánchez, el directorio insistió en que Acuña no tiene permiso para ausentarse del Plenario Legislativo, por lo que al estar faltando sin justificación, su pago de dietas no procede.

Asimismo, indicó que en los momentos en que la diputada solicitó permiso, lo hizo alegando "motivos de salud", una "causal reglamentariamente admisible y con precedente", pero que por los demás días no recibió pago por sus dietas.

Agregó que Acuña no ha informado a la Administración del Congreso, ni al Directorio Legislativo, si continuará en su cargo de diputada y que dadas las revelaciones de las últimas horas hechas por La Nación, "es fundamental aclarar que el pago de combustible, no está sujeto a los permisos para ausentarse de las sesiones".

El pago del combustible y gastos de representación que reciben las y los diputados, se establecen en los Artículos 2 y 5 de la Ley N°7352 para cumplimiento de las funciones de las y los legisladores, por ende, ambos pagos son un trámite que corresponde única y exclusivamente al área administrativa de la Asamblea. Ni el Directorio Legislativo ni la Presidencia conocen cuándo o cuánto uso de esos recursos hace cada diputado.

El directorio agregó que la presidencia legislativa solicitó semanas atrás, al Departamento Legal del Congreso, una reforma al reglamento para que, desde su conocimiento técnico, mejore la regulación en las solicitudes de permisos de los congresistas. Esa propuesta será conocida la próxima semana.

Finalmente, el directorio calificó de "desproporcionado" el uso de combustible que Acuña realizó a finales del 2021, según publicación de La Nación. De acuerdo con el diario, la legisladora gastó en un solo día 3.2 millones de colones en combustible, con fondos públicos.

En conjunto con la Dirección Ejecutiva, se acordó realizar una investigación para identificar si en este caso se actuó fuera del marco de la legalidad. En caso de constatarse indicios de una ilegalidad, la Administración determinará si la diputada debe reintegrar esos recursos y presentar las denuncias respectivas ante las instancias correspondientes, como la Procuraduría de la Ética Pública y la Fiscalía. Asimismo, identificarán potenciales vacíos legales, con el fin de hacer las correcciones del caso y prevenir abusos.

"Es importante aclarar, que cada legislador tiene responsabilidades y deberes, que asumimos desde que nos convertimos en diputadas y diputados, y uno de esos es la transparencia y rendición de cuentas, por lo cual le hago un llamado a la diputada, para que, con la mayor transparencia, responda a los cuestionamientos por sus acciones", dijo Hernández.