La responsabilidad política de los ciudadanos es crucial para la convivencia democrática. Conocer qué nos ofrecen los candidatos a la Presidencia en sus programas de gobierno es un derecho, pero también un deber de todos.
Las propuestas en materia de política comercial y atracción de inversiones, comúnmente fuera de los titulares y los debates, son de suma importancia para el país. Si aspiramos a estimular el crecimiento económico, la generación de empleos y la reducción de la pobreza, es imprescindible que el futuro Gobierno las coloque en el lugar que merecen y, mejor aún, que logre implementarlas para superar las condiciones actuales. Las decisiones del próximo cuatrienio en esta —y las demás esferas— serán decisivas para el futuro de todos.
Con el ánimo de contribuir a un voto más informado, hemos analizado las principales propuestas en asuntos de comercio internacional y atracción de inversiones de los seis partidos que superaron el margen de error en el penúltimo Estudio de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP): el Partido Liberación Nacional, cuyo candidato es José María Figueres Olsen; el Partido Unidad Social Cristiana, liderado por Lineth Saborío Chaverri; el Partido Nueva República, con Fabricio Alvarado Muñoz aspirando a la presidencia; el Partido Frente Amplio, presidido por José María Villalta Flórez-Estrada; el Partido Progreso Social Democrático, con Rodrigo Chaves Robles a la cabeza; y el Partido Liberal Progresista, con Eliécer Feinzaig Mintz como candidato.
Partido Liberación Nacional (PLN)
La propuesta del PLN sobre comercio internacional está conformada por cinco objetivos:
- Llevar a cabo un doble reposicionamiento, hacia afuera del mundo y hacia lo interno, de manera que se puedan atraer mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) a regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) al año 2025.
- Mejorar las políticas e institucionalidad de acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
- Mejorar el clima de negocios y la competitividad.
- Continuar negociando Tratados de Libre Comercio.
- Dar mayor énfasis a la administración de los tratados actuales.
Con el propósito de no caer en la “trampa de la Guerra Fría” y que el país pueda beneficiarse tanto de las relaciones comerciales con Estados Unidos y Asia, los liberacionistas proponen implementar una estrategia para lograr una mayor presencia en este continente. Además, avanzarían en la modernización y profundización de la integración económica centroamericana, que comprende “facilitación del comercio e integración fronteriza”.
El plan de gobierno también incluye desarrollar al menos 40 nuevos productos de exportación mediante el apoyo al Programa DESCUBRE, así como la creación de una ruta para ampliar el Puerto de Caldera y aumentar el volumen de carga en los puertos del Caribe.
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
En política comercial, el plan de gobierno del PUSC propone que se lleven a cabo cuatro acciones básicas:
- Impulsar la atracción de IED.
- Conectar empresas y cadenas de valor locales con oportunidades resultantes de los Tratados de Libre Comercio.
- Aprovechar plenamente el ingreso a la OCDE.
- Impulsar la diversificación exportadora del agro a través del Programa DESCUBRE.
En relación con las Zonas Francas, los socialcristianos se comprometen a mantener “todas las condiciones necesarias para su estabilidad y crecimiento, incluidas, desde luego, las de carácter fiscal y tributario”. Además, fortalecerían los polos de desarrollo fuera de la GAM, mediante el impulso al Programa “Ciudades Emergentes: Regionalización Proactiva y Competitividad Territorial” de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
Asimismo, considera que para prevenir el contrabando comercial resulta necesario “el fortalecimiento del control de las fronteras”.
Partido Nueva República
Este partido no cuenta con un capítulo específico para comercio exterior. Sin embargo, luego de un análisis exhaustivo de su plan de gobierno se encontraron algunas propuestas relacionadas con la materia.
Por una parte, propone desarrollar una estrategia de política exterior “que se vincule con lo comercial”. Esto incluye: el estrechamiento de relaciones con Colombia y México; crear una alianza con Brasil, que puede convertirse en una “llave” para el Mercosur; potenciar el acceso a Asia Pacífico; hacer más intensivo el intercambio comercial con “naciones clave” mediante Tratados de Libre Comercio y acuerdos de inversión que “deben ser reforzados interinstitucionalmente entre la Cancillería y COMEX”; y, desarrollar un programa de capacitación en comercio exterior para los funcionarios diplomáticos. Esta agrupación partidaria considera que “el fragmentarismo de la política exterior diplomática y la política exterior comercial representa uno de los grandes lastres de nuestro abordaje del contexto internacional”.
Por otro lado, promovería la atracción de IED interesada en la compra y comercialización de los productos pesqueros costarricenses y propone crear un programa estratégico nacional para la atracción de inversiones en innovación, que “convierta a Costa Rica en un nodo regional de investigación aplicada”, especialmente en la provincia de Guanacaste. Este último sería coordinado por la Cancillería.
En materia de infraestructura, propone la creación de un Canal Verde Interoceánico, que comprende la construcción de dos “megapuertos” (uno en el Caribe y otro en el Pacífico), así como grandes obras viales para conectarlos. Además, fortalecería y potenciaría las capacidades de los Puertos de Caldera y Moín.
Otras medidas incluyen la instalación de los escáneres para “luchar contra el contrabando de mercancías” y la reducción de “algunos” aranceles para “darle un impulso a la inversión y mejorar los precios finales”.
Partido Frente Amplio
El Frente Amplio propone reorientar la política comercial, lo que incluye “una revisión de la estructura orgánica del COMEX con el fin de: evitar las duplicidades o traslape de funciones con la Cancillería de la República”, así como evitar la “corporativización del ministerio”.
También se opone a la adhesión a la Alianza del Pacífico y el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), pues afirma que están orientados a profundizar un modelo de apertura “desigual” supuestamente iniciado con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR). De igual manera, se resiste a la firma de nuevos tratados de inversiones, porque asegura que estos instrumentos someten a Costa Rica a “arbitrajes internacionales de carácter privado”.
Por otro lado, procuraría “recuperar el control de los puertos nacionales” y frenar su proceso de “privatización”, así como crear una nueva institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cuyo objetivo sería “el desarrollo de ambos puertos nacionales”.
Por último, los frenteamplistas aspiran a gravar las Zonas Francas, al indicar que “deben pagar el impuesto del 15% sobre los dividendos que distribuyan”. Adicionalmente, pretenden “generar recursos frescos provenientes de sectores productivos dinámicos y estables como las Zonas Francas” que se destinarían al Sistema de Banca para el Desarrollo.
Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
El PPSD aboga por “recuperar el tiempo perdido en comercio exterior”. Entre las propuestas para lograrlo se encuentran la adhesión a la Alianza del Pacífico, negociar un posible ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y al CPTPP, propiciar la incorporación de Costa Rica en el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) y la consolidación de un acuerdo comercial y de inversión con Ecuador.
También se ordenaría la puesta en marcha inmediata de los escáneres de contenedores en las aduanas y otros sistemas que posibiliten mejorar el control del comercio internacional y “hacerlo más expedito”.
En cuanto a la infraestructura logística, este plan de gobierno afirma que se debe mantener una evaluación constante de la capacidad y la demanda de los puertos, así como retomar el análisis para la construcción de un canal seco. Otras medidas abarcan la eliminación de todos los aranceles de materias primas industriales (acero, hierro, papel, maderas, componentes electrónicos, aluminio, entre otros) y maquinaria.
Partido Liberal Progresista (PLP)
El PLP divide sus propuestas sobre comercio internacional y atracción de inversiones en tres ejes de acción:
- Retomar una posición a favor del libre comercio.
- Impulsar las zonas de menor desarrollo relativo.
- Modernizar el Sistema Aduanero.
Entre los planteamientos del primer eje se encuentra la promoción de nuevas negociaciones comerciales con socios y bloques estratégicos —sobre todo con países asiáticos de alto crecimiento económico— como el APEC, el CPTPP y la Alianza del Pacífico. Adicionalmente, impulsaría la modernización de los Tratados de Libre Comercio con Chile y Canadá.
En segundo lugar, esta agrupación partidaria se compromete a impulsar legislación especial para incentivar las inversiones en las zonas rurales. Por ejemplo, se permitiría que las empresas que se instalen en esas regiones puedan producir su propia energía eléctrica renovable para auto consumo con el fin de repercutir en una reducción de los costos. Asimismo, se exhortaría a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) a utilizar herramientas para la reducción de las tarifas.
Para alcanzar el tercer eje, en este plan se propone avanzar hacia la implementación de tecnología no intrusiva —como los escáneres— con el objetivo de hacer frente al contrabando, así como la evasión y la elusión fiscales. También crearía un sistema de información aduanera que sustituya al TICA y “que responda a las exigencias actuales sobre control y facilitación del comercio”, y modernizaría la Ley General de Aduanas y su reglamento para que estén acordes con las nuevas dinámicas del comercio internacional y las mejores prácticas internacionales.
Por último, en política portuaria generaría una estrategia y planes maestros acordes con las necesidades de los mercados, impulsaría la ampliación del Puerto de Caldera, cerraría la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) y desarrollaría “verdaderas ciudades portuarias”.
Las grandes diferencias
Avances en facilitación del comercio
Un asunto que merece reconocimiento del plan de gobierno del PLP es el compromiso con la facilitación del comercio. A diferencia de los demás planes de gobiernos revisados, no se limita a realizar menciones sin medidas específicas, ni minimiza la facilitación frente al control de aduanas. Como punto de partida debe tenerse claro que cualquier proyecto de facilitación de comercio bien planificado y que se lleva a cabo acertadamente no implica la pérdida de control o una disminución en la recaudación. El seguimiento prioritario a la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio —con especial énfasis en la gestión coordinada de fronteras y la correcta ejecución del Programa de Integración Fronteriza (PIF)— y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) son algunas de las propuestas incluidas por los liberales progresistas que no se mencionan en los otros planes de gobierno.
La eliminación de distorsiones comerciales
La OCDE recomendó al país eliminar las protecciones al arroz porque “son regresivas y aumentan la pobreza”. El PUSC, el PPSD y el PLP plantean su eliminación, con el fin de alivianar el bolsillo de los consumidores, especialmente aquellos de los quintiles de menores ingresos. Por su parte, el PLP también propone eliminar las restricciones arancelarias del azúcar y no arancelaria del aguacate. Sobre este último aspecto, cabe señalar que la medida aplicada a las importaciones de aguacate procedente de México significó la pérdida de una reputación internacional intachable y la primera demanda bajo el Mecanismo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El inexistente dilema entre el COMEX y la Cancillería
Algunas propuestas de Nueva República le otorgarían atribuciones a la Cancillería que, en realidad, son del COMEX. La agrupación propone que los acuerdos de inversión sean “reforzados interinstitucionalmente entre la Cancillería y COMEX”, así como que su programa estratégico nacional sobre atracción de inversiones para la innovación sea coordinado por la Cancillería.
Peor aún, el Frente Amplio plantea revisar la estructura orgánica del COMEX, pues alega que existe un “traslape de funciones con la Cancillería” y una “corporativización del ministerio”. La especificidad de los mandatos otorgados por la ley a cada uno de dichos ministerios es suficientemente clara como para que se produzca un “traslape de funciones”. Además, el COMEX no se ha “corporativizado”; por el contrario, las empresas han encontrado una respuesta más eficiente y ágil en el esquema público-privado de comercio exterior y promoción de inversiones (con la tríada COMEX-PROCOMER-CINDE). Por lo tanto, insistir en un tema que ya debería estar superado, terminaría destruyendo la institucionalidad actual que ha demostrado ser muy exitosa.
Es imperativo que el nuevo Gobierno asegure la autonomía del COMEX y consolide su papel de rector en las políticas comercial y de inversiones.
La creación de más instituciones
El Frente Amplio propone crear una nueva institución adscrita al MOPT que se encargaría del “desarrollo de ambos puertos nacionales”. Sin embargo, fortalecería JAPDEVA y no cerraría el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). Este esquema crearía multiplicidad de funciones, perjudicaría las finanzas públicas al tratar de salvar una institución que carece de rumbo y se convertiría en un lastre en el proceso imperioso de modernización de los puertos. La operación portuaria de JAPDEVA se tornó deficitaria desde hace años y el costoso proceso de “transformación” no ha dado frutos, puesto que no se ha logrado cumplir el balance financiero prometido ni consolidar su “nuevo” modelo de negocio. Adicionalmente, la Contraloría General de la República en un informe de auditoría del 2019 le asignó a esta institución una calificación de 0% en rendición de cuentas y seguimiento de los proyectos de impacto para las comunidades de Limón.
Las “salvaguardas antidumping”
El Partido Frente Amplio asevera que se fortalecerían los mecanismos de defensa comercial como las “salvaguardas antidumping”. Primero, es importante aclarar que no existen las “salvaguardas antidumping”. Lo técnica y jurídicamente correcto es aludir a salvaguardas y medidas antidumping. En segundo lugar, no es posible “fortalecer” estas medidas, ya que ambas pueden ser adaptadas luego de un análisis técnico que concluya que se cumple con un conjunto de requisitos establecidos por los respectivos acuerdos de la OMC o de los tratados comerciales, y no por decisiones carentes de sustento por motivos meramente políticos o ideológicos.
El impuesto a las Zonas Francas
Una de las propuestas más peligrosas de los frenteamplistas es la idea de gravar a las empresas del Régimen de Zona Franca (RZF).
En primer lugar, especialistas tributarios han descartado que el acuerdo del impuesto mínimo global promovido por la OCDE implique cambios en el RZF y, además, que de llegar a aprobarse en el país, se deben respetar los derechos adquiridos de las compañías multinacionales establecidas actualmente en el territorio nacional. En la misma línea, el constitucionalista Rubén Hernández Valle ha expuesto que “los contratos que suscriben quienes se acogen al régimen de zonas francas son fuentes válidos de creación de derechos adquiridos de contenido patrimonial, los cuales no pueden ser modificados ni eliminados por la ley de manera retroactiva, si no es violando el artículo 34 de la Constitución Política. Por consiguiente, todo tributo que se aprobara en estos momentos en perjuicio de las empresas cobijadas bajo el régimen sería inconstitucional y, de llegar a cobrarse, fuente inmediata de responsabilidad estatal”.
Sumado a lo anterior, no se pueden obviar los beneficios socioeconómicos de las Zonas Francas. Según el estudio de impacto realizado por PROCOMER en 2019, dentro de los principales beneficios del régimen se encuentran: en 2018 contribuyó con un 7,9% del Producto Interno Bruto (PIB); en el periodo 2014-2018 por cada dólar no percibido de impuestos se generaron dos dólares y medio que se manifiestan en beneficios sociales para la ciudadanía costarricense; el salario promedio de un trabajador bajo el RZF, que en el 2018 fue de mil quinientos cincuenta y cuatro dólares, está por encima del salario promedio de las empresas fuera del régimen; es una fuente de aplicación de mejores prácticas empresariales e incorporación de estándares de calidad internacional para las empresas costarricenses que logran encadenarse; y —aunque José María Villalta señale que “la política de exoneraciones de impuesto a los más ricos no ayuda a generar empleos”—, en 2018 los empleos directos llegaban a 115.000.
El candidato frenteamplista defiende a capa y espada la propuesta argumentando que es una iniciativa de la OCDE y que Costa Rica como miembro debe cumplirla. No obstante, al incluir en su plan de gobierno la protección de sectores vulnerables como el arroz “frente al vencimiento de los plazos de desgravación de los Tratados de Libre Comercio”, se olvida de las recomendaciones de dicha organización cuando se trata de eliminar este beneficio de unos pocos que atenta contra los más necesitados, a los cuales contradictoriamente dice defender.
La relevancia que tiene el sector externo para una economía pequeña y abierta como la costarricense exige de una política comercial y de inversiones que consolide y potencie el modelo que por décadas se ha venido aplicando. ¡Carece de sentido intentar devolverse, cuando prácticamente ya hemos cruzado el río!
Cuadro comparativo
Fuentes: planes de gobierno, Comparador Político de Delfino.cr y consultas a los partidos. Puede revisar los planes de gobierno de todos los candidatos aquí.
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