Muchos de los partidos políticos que participan en la actual campaña ignoran por completo a las personas con discapacidad. Una rápida revisión de los planes de gobierno de las 25 agrupaciones revela que 11 de ellas (40,4% del total) no hacen propuestas concretas para promover mejores condiciones de vida para esta población. Ocho de esas agrupaciones ni siquiera la mencionan.
Para dichos partidos, no existen las casi 700 mil personas con discapacidad mayores de 18 años. Pretenden gobernar sin la perspectiva de las personas con discapacidad, para quienes también hay que gobernar y legislar.
Siete partidos políticos hacen propuestas poco viables, que ya existen en la normativa vigente o que demuestran escaso conocimiento del marco conceptual, de la realidad que enfrenta cotidianamente esta población, de los avances logrados en 25 años de la Ley 7600 y de las prioridades para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.
Incluso uno de los planes de gobierno plantea cambiar los conceptos de la Ley 7600, como si el marco conceptual que utilizamos en Costa Rica se tratara de un simple texto que puede modificarse por capricho, ignorando el consenso internacional que se requiere entre organizaciones de personas con discapacidad y asambleas generales de organismos como la ONU o la OEA.
Se puede resumir entonces que, lamentablemente, hay mucha improvisación e irresponsabilidad en los planes de gobierno sobre las personas con discapacidad. Es urgente que las agrupaciones adquieran al menos un conocimiento básico de la realidad que enfrenta dicha población, lo cual solo es posible si hay un real acercamiento a su realidad.
Solo cinco de los 25 partidos (20%) presentan propuestas concretas, que en buena medida responden a necesidades reales de la población con discapacidad o falencias en el cumplimiento de sus derechos.
Una de esas medidas, que me parece estratégica es intensificar acciones para la incorporación Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, en cumplimiento del 5% de plazas vacantes según lo dispuesto en la Ley 8862. También se puede rescatar la propuesta de adecuar esta normativa a los principios y obligaciones asumidas por Costa Rica en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo.
Es valiosa la idea de crear redes de inserción laboral para las personas con discapacidad y establecer de manera obligatoria cuotas de contratación de personas con discapacidad en la empresa privada.
Otra de las propuestas que considero muy valiosa es la incorporación en la Ley 7600 de un capítulo sobre acceso a la informática y a las nuevas tecnologías.
Ante esta realidad, mi solicitud a todas las personas candidatas a la Asamblea Legislativa en estas elecciones es que realicen consultas a personas con discapacidad y sus organizaciones, se informen mejor sobre los avances y vacíos existentes en la normativa, políticas y acciones. Espero por ello que tomen en cuenta el mecanismo de consulta con organizaciones de personas con discapacidad que hemos construido desde la Comisión Especial Permanente de Discapacidad y Adulto Mayor en conjunto con los órganos que tienen responsabilidad en el proceso legislativo.
Hago un llamado a las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones para que analicen los planes de gobierno, qué es lo que las candidaturas están planteando y omitiendo en asuntos de discapacidad; que hagan auditoría y control ciudadano, para que su decisión en las próximas elecciones nacionales responda a un voto informado sobre la base del reconocimiento y respeto a sus derechos.
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