La Auditoría Interna de la Municipalidad de San José presentó un informe de un estudio especial sobre la contratación de obra pública vial, analizando las contrataciones y adjudicaciones otorgadas por ese gobierno local en el periodo comprendido entre el 2017 y el 2021, encontrando múltiples deficiencias en los procesos e irregularidades.
Entre los aspectos identificados por la auditoría aparece el incumplimiento normativo en los procedimientos de contratación, la modificación unilateral de una contratación (2017LN-000001-99999), el extravío del expediente de una contratación de Licitación Pública (2014LN-000005-99999), potencial conflicto de intereses y el uso de facturas ejecutadas con fechas anteriores a la emisión de las órdenes de compra correspondientes.
La mayoría de las irregularidades encontradas están vinculadas a contrataciones adjudicadas a Constructora MECO S.A., y el informe señala que debido al secuestro de expedientes por parte de las autoridades judiciales en el marco de la Operación Diamante, se limitó lograr el alcance originalmente planteado para la auditoría.
El informe detalla que entre el 2017 y el 2021 hubo 11 contrataciones que incumplieron la normativa de contratación pública, en específico la aplicación de los artículos 8 y 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (relacionados con la justificación de la contratación, descripción del objeto, especificaciones y costos, así como los estudios de admisibilidad de ofertas), a lo que el informe señala que el “debilitamiento del sistema de control interno por posibles incumplimientos de requisitos previos en los procedimientos de contratación, se aumenta el riesgo de falta de transparencia para justificar adecuadamente la planificación para las contrataciones conforme con lo requerido por la normativa aplicable”.
Asimismo se detalla que en el caso de la contratación 2017LN-000001-9999 —adjudicada a MECO— la Administración Activa de la Municipalidad de San José “eludió realizar un nuevo procedimiento de contratación administrativa, a sabiendas del incumplimiento al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (artículo 208)"..
Adicionalmente, la auditoría señaló que el 11 de setiembre de 2017, se emitió la orden de compra 140791 parte de la licitación 2014LN-000005-99999 —adjudicada a Meco— pero “no se envió el expediente completo a la Sección Gestión de Información y Documentación”. La auditoría consultó al Proveedor Institucional sobre el paradero de dicho expediente y este les respondió:
el expediente de la licitación 2014LN-000005-9999, se solicitó al archivo y se revisó a lo interno del departamento y no se logró ubicar, en vista de que trabajo para la Proveeduría desde agosto del 2019, desconozco en detalle el trámite o destino del expediente solicitado (…)”.
Otra de las irregularidades señaladas por el informe es un potencial conflicto de intereses presentado en las contrataciones 2017LN-000001-99999 y 2020LN-000007-0015499999 donde se requería subcontratar un laboratorio de calidad acreditado, y la empresa adjudicada (MECO) subcontrató a Ingeniería Técnica de Proyectos I.T.P a pesar de que un representante de MECO tiene un familiar que es miembro de la Junta Directiva de esa empresa subcontratada. Al respecto, el informe señala que en esa contratación “no se estableció en el pliego de condiciones de los carteles, certificaciones de personería jurídica y distribución accionaria, así como declaración jurada, para descartar nexos o grado de consanguinidad entre los miembros de junta directiva u propietarios de la empresa oferente y el laboratorio de control de calidad subcontratado”.
Otra irregularidad encontrada fueron seis facturas (dos de Bloques Pedregal S.A. y cuatro de MECO) entre 2018 y 2021 que fueron tramitadas para pago con fecha anterior a la “elaboración y notificación del contrato en SICOP o a la emisión de las órdenes de compra”, por lo que la auditoria considera un “riesgo potencial de que se adquieran bienes y servicios, no respaldados por la respectiva orden de compra”. Desde Bloques Pedregal S.A. enviaron un descargo a la Municipalidad de San José aclarando que su inclusión en el informe era un error de la Auditoría y adjuntaron los documentos que evidencian que, en su caso, las facturas no fueron generadas antes de la notificación del contrato en SICOP o a la emisión de las órdenes de compra.
Como conclusión general, el informe destaca que según lo encontrado, las actividades de contratación de obra pública vial se vieron afectadas negativamente y que “el debilitamiento del control interno aumenta el riesgo de posibles fraudes y actos de corrupción”.
El informe fue presentado a la alcaldesa a.i. de San José, Paula Vargas Ramírez, a quien también se le giraron 10 recomendaciones para implementar y que deben cumplirse al 31 de marzo del 2022.
Dato D+: El alcalde Johnny Araya Monge se encuentra suspendido por seis meses sin goce de salario desde noviembre del año anterior.
Según informó la regidora Andrea Rudin Montes de Oca en sus redes sociales, el Concejo de la Municipalidad no abrió espacio en la sesión del día de hoy para conocer este informe de la auditoria.
