La Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de la Hacienda Pública, rechazó la apelación presentada por el alcalde de San José, Johnny Araya Monge y otros funcionarios municipales, contra la suspensión sin goce salarial impuesta tras el pago ilegal a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros de la capital.

El caso refiere al pago de 253 millones de colones a Setex Aparki ocurrido en el 2018, luego que cuatro años antes la empresa acusara un desbalance financiero ante el gobierno local por el grado de ocupación de los parquímetros, ya que en el cartel de licitación que se le adjudicó se habló de una ocupación del 60 al 70%, pero luego se bajó al 13%.

La Municipalidad de San José aprobó la indemnización a la empresa y hasta le concedió un incremento de la comisión recibida por hora de parqueo, más cinco puntos porcentuales extra por concepto de multas, pasándola de 32% a 45%, pese a que previamente estaba advertida que una comisión por encima del 33% sería ruinosa para el gobierno local.

La noticia del rechazo de la apelación fue dada a conocer por el regidor del partido Juntos, Diego Miranda, quien denunció a Araya y a los regidores que tomaron ese acuerdo.

La Contraloría determinó que Araya y el resto de funcionarios acusados eran responsables administrativos "en grado de culpa grave" pues el reclamo de la empresa no tenía sustento legal ni técnico, porque reclamó con base en el porcentaje de ocupación inicial, y no con base al actualizado.

Por ello, impuso de 25 a 30 días de suspensión sin goce salarial contra el alcalde, los regidores y funcionarios municipales Mario Vargas Serrano (actual vicealcalde), Osman Rodríguez Solís, Édgar Sandoval Montero, Alexander Cerdas Rojas, Jorge Vargas Espinoza, Donald Leiva Hernández, Reina Acevedo Acevedo, Rolando Murillo Cruz, Wilber Hernández Mora, Fernando Jiménez Debernardi y Flor María Zamora Álvarez.

El regidor Miranda Méndez afirmó en un comunicado estar complacido por el rechazo de la apelación, con lo que se da finalmente curso a la suspensión por irregularidades que él denunció desde el año 2017.

El señor Johnny Araya y el resto de funcionarios sancionados, incluyendo al actual alcalde en ejercicio Mario Vargas Serrano, apelaron la resolución de la CGR, que era muy clara en señalarlos como responsables administrativos en el pago de una indemnización que no se debió dar en los términos en los que ellos la recomendaron y aprobaron.

Miranda calificó el rechazo a la apelación como "un nuevo golpe a las prácticas irregulares en la Municipalidad de San José, pues deja claro que los funcionarios tenemos la responsabilidad de analizar a fondo los reclamos de las empresas que involucran fondos públicos que salen de la bolsa de la gente".

Pienso que la resolución debe ir más allá y establecer las responsabilidades, incluso en el aspecto penal, que se pudieron derivar de estas irresponsables decisiones que le salieron caro al gobierno local de San José. Solo con sanciones drásticas se puede empezar a cortar de raíz con este tipo de actos.