No conozco quién no apoye toda iniciativa que desemboque en la posibilidad de conocer con absoluta certeza lo que se decide en altas esferas de nuestros supremos poderes.  Hay opacidad cuando se eligen en votación secreta magistrados en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Hay opacidad cuando se nombran en votación secreta candidatos a magistrados suplentes de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay opacidad cuando a troche y moche se pretende instalar una reelección inexistente?

En sesión de Corte Plena de la semana anterior, estaba en agenda la posible reelección del Sr. Carlos Montero como miembro representante de los trabajadores ante el Consejo Superior del Poder Judicial.

Poco tiempo antes, en otro escandalito típico de la nauseabunda Corte Plena se había conocido: la movida interna para nombrar en la Dirección del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial a la Directora Administrativa actual, una señora Romero que es la cónyuge nada menos que del cuestionadísimo magistrado Porfirio Sánchez, orondo presidente de la Comisión de Ética del Poder Judicial.  De entre las muchas vicisitudes del escandalito, se supo que las parejas eran tan amigas que se fotografiaron cenando en un restaurante en Lima, Perú, en lo que pareció un ameno viaje de amistades conyugales.

Pues bien, la magistrada Roxana Chacón, ex-asistente del Consejo de Gobierno del período 1990-1994, durante la administración Calderón Fournier, hizo de la reelección del señor Montero su bandera personal.  En ese trance, llamó guerrilleros a los gremios judiciales, acusó al Presidente de la Corte de influir a los magistrados suplentes y a estos últimos, de poco menos que volubles jueces sin criterio, invocando incluso recursos que el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le niegan.

La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que se debe solicitar a todas las organizaciones del Poder Judicial el envío de una lista de cinco candidatos. De entre esas listas la Corte debe elegir.  No está prohibida la reelección sin embargo, es incompatible per se con el procedimiento establecido en el artículo 71 de aquella ley.

El magistrado Cruz Castro, hizo públicas las razones de su voto negativo a la propuesta de acoger una reelección contra lege.  Este pecado le valió que le lanzara en una andanada de exabruptos la magistrada Roxana Chacón. En ese trance, hizo la señora magistrada una exhibición de las condiciones de jurista que le adornan y además, pretendió la más asquerosa opacidad: derogar la Ley Orgánica del Poder Judicial, denegando el derecho de todos los gremios para proponer a un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial.

Cuando escribí un artículo titulado “La Reelección del Magistrado Ramírez: una grata sorpresa” en este mismo medio, señalé lo que más me agradó de ese evento: por primera vez en décadas el magistrado había perdido el apoyo incondicional que algunos gremios le habían prodigado ¿incondicionalmente?

Es urgente que la Corte Plena se desligue de este tipo de decisiones.  Los magistrados han abandonado su función esencial y para la que fueron electos: administrar justicia.  Las Salas, sin excepción, están colapsadas.  En su lugar, se desgastan en rencillas internas de poder, oscuras componendas y vergonzosas diatribas.

El pasado lunes, los guerrilleros de la Corte lograron que la Magistrada Chacón se encargara, con su nefasta actitud, de destapar una asquerosa movida.  Tan desatinada fueron sus intervenciones que incluso lograron lo que consideraba hasta ayer imposible: quebrar un bloque de magistrados que ha venido votando en forma absolutamente monolítica.

Para mañana, espero que también logren articular una agenda en beneficio de todo el Poder Judicial. La corriente debe tener otra dirección...

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