No serán destruidos, ni podrán ser entregados a los tutores de los menores de edad. El juez Alex Rojas Ortega ordenó la noche de este domingo al Ministerio de Educación Pública (MEP) que traslade al Tribunal Contencioso Administrativo los cuestionarios de "factores asociados" que miles de estudiantes respondieron el pasado viernes.
La orden fue emitida a raíz de una solicitud de medida cautelar provisionalísima planteada por el Sindicato de la Judicatura (Sindijud), quien pidió la "incautación inmediata y devolución" de la prueba por contener en los formularios una serie de preguntas que abordan datos sensibles y privados que lesionan la intimidad de sus agremiados "y que atentan contra los derechos elementales de sus hijos e hijas menores de edad".
El sindicato alertó al Tribunal de la pretensión inicial del MEP de destruir los folletos con las respuestas suministradas por los menores de edad, lo que implicaba la destrucción de evidencia importante que podría ser de relevancia para la eventual determinación de responsabilidad por parte del Estado y de sus funcionarios.
El MEP anunció el sábado inicialmente que, por recomendación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), las pruebas serían desechadas y destruidas. Sin embargo, este domingo la institución dijo que primero daría un plazo a los padres y madres de familia o tutores de los estudiantes para retirar la prueba en los centros educativos y que pasados cinco días, los no reclamados serían destruidos.
Pero ahora la orden del juez es que esos folletos con las más de 600 respuestas suministradas por estudiante sean enviados de inmediato al Tribunal Contencioso Administrativo, donde serán resguardadas "en conforma confidencial", mientras se dirime el proceso en esa sede judicial.
La orden también ordena al MEP abstenerse de procesar la información contenida en las hojas de respuesta, y da un plazo de tres días hábiles al Estado para referirse a las pretensiones del sindicato.
Por este escándalo renunciaron la ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro; la viceministra académica Melania Brenes Monge y el director de Gestión y Evaluación de Calidad, Pablo Mena.
