Seis miembros propietarios del Consejo Superior de Educación (CSE) y dos suplencias reaccionaron la noche de este lunes al escándalo por la prueba de factores asociados que miles de estudiantes de primaria aplicaron el pasado viernes, en la que se requirió suministrar más de 600 respuestas, algunas sobre información del contexto socioeconómico de su núcleo familiar.
Tras la renuncia de la ministra de Educación, la viceministra académica y el director de Gestión y Evaluación de Calidad, los integrantes del CSE manifestaron su "total disconformidad con la forma en que dichas pruebas fueron planeadas, diseñadas y aplicadas", por lo que demandan al Ministerio de Educación Pública tanto una explicación detallada de lo ocurrido como la necesaria rendición de cuentas para que se sienten las responsabilidades del caso.
El CSE recordó haber aprobado en febrero de 2019 transformar las pruebas de bachillerato en las pruebas FARO (Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades), a aplicarse al finalizar la primaria y la secundaria; junto a ello, se contempló aplicar un cuestionario de factores de contexto asociados al rendimiento del estudiante para "identificar los distintos factores que inciden en el mayor o menor logro educativo, para así poder modificar y ajustar las políticas y prácticas educativas y de apoyo a los estudiantes, para optimizar el logro de los aprendizajes".
Lamentablemente, la forma en que se diseñó y realizó esta primera aplicación de las pruebas FARO a estudiantes de quinto año de primaria resulta completamente impropia e inaceptable, tanto por la duración de la prueba en sí como por la complejidad y el tipo de las preguntas realizadas. En particular, resulta evidente que las preguntas de contexto aplicadas no solo fueron excesivas, sino totalmente inapropiadas, abusivas y muy insensibles para estudiantes que rondan los diez años de edad; en ese sentido, consideramos que los instrumentos de factores asociados aplicados no cumplían con los requisitos de confiabilidad y validez indispensables en cualquier prueba, y más bien evidencian un abuso de la razonabilidad y la proporcionalidad, especialmente pensando que se trata de estudiantes de quinto año de primaria.
Los firmantes del pronunciamiento también afirmaron que las preguntas aplicadas se apartaron de los parámetros definidos en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y fueron "muy distintas" al tipo de preguntas de contexto presentadas por el Ministerio ante ese Consejo, como ejemplo de lo que se aplicaría, y también fueron distintas a las preguntas aplicadas en el pilotaje en el 2019.
"La forma en que se diseñó y aplicó la prueba resultó en un proceso tortuoso e injustificado para las y los estudiantes, causándoles un nivel de angustia inaceptable y violentando el derecho a la privacidad y confidencialidad en el manejo de información sensible. Por eso mismo – y por su impacto educativo y emocional en cada una de las y los estudiantes – es que resulta imperativo identificar los errores de acción y omisión cometidos al diseñar, revisar, probar y aplicar las pruebas, para sentar responsabilidades y garantizar que estos problemas nunca se repitan", dice el pronunciamiento.
Finalmente, los ocho firmantes indicaron que el MEP debe rendir un informe dentro de los siguientes 15 días naturales sobre lo acontecido en esta primera aplicación de las pruebas FARO y factores de contexto asociados al rendimiento del estudiante, en el que se identifiquen los problemas ocurridos, incluyendo también los procesos de contratación y costos y se sienten las responsabilidades del caso y se garantice, tanto al Consejo como a la comunidad educativa nacional, que esto no volverá a repetirse.
Además, y con carácter de urgencia, solicitaron al MEP que suspenda la aplicación de la herramienta de factores asociados en la aplicación de las pruebas FARO a los estudiantes de secundaria.
El pronunciamiento lo firman:
- Leonardo Garnier Rímolo, exministro de Educación
- Manuel Antonio Bolaños Salas, exministro de Educación
- Betania Seas Molina, representante de Educación Primaria, propietaria
- Manuel Calderón Esquivel, representante de Educación Primaria, suplente
- Carlos Eduardo Torres Soto, representante de Educación Secundaria, propietario
- Daniel Vargas Rodríguez, representante de Educación Secundaria, suplente
- Gilda Montero Sánchez, representante de las organizaciones magisteriales, propietaria
- Georgina Jara Lemaire, representante de las organizaciones magisteriales, suplente
