Costa Rica se enfrenta cada año a una pérdida de ¢38 billones por la defraudación fiscal causada por el comercio ilícito de cigarrillos, de acuerdo con los datos de la Policía de Control Fiscal (PFC).

En Costa Rica, 4 de cada 10 cigarrillos que se consumen son ilegales revelan los reportes de la PFC. Purral y Liberia son las localidades donde hay mayor incidencia de producto contrabandeado, seguido por Paraíso, Desamparados, San Isidro de El General, San José y Curridabat.

Para 2020, de acuerdo con estimaciones internas, en Centroamérica y el Caribe, se movieron alrededor de 3,6 billones de cigarrillos ilegales, que representan un 40% del mercado y una defraudación fiscal de $250 millones anuales.

¿Cómo llega el producto hasta Costa Rica?

Según la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá, hay fábricas identificadas en Asia, en países como China, India y Emiratos Árabes, que producen cigarrillos para el comercio ilegal, los cuales llegan a la zona libre de Colón, en Panamá. Posteriormente se despachan a Costa Rica, principalmente vía terrestre pasando por Paso Canoas, con el timo que en ese contenedor se traslada otro tipo de producto. La rutas están diseñadas y con capacidad de cambiar ante decomisos.

Los cigarrillos de contrabando se reconocen porque no cuentan con las advertencias y pictogramas de salud exigidas (las fotografías y textos en el 50% en ambas caras de las cajetillas) por la normativa costarricense y no cumplen con ningún estándar de calidad ni medidas de control en su proceso de fabricación.

¿Qué hacer?

Al respecto, entre las iniciativas para luchar contra este problema, Philip Morris Internacional (PMI) trabaja en temas de anti comercio ilícito en Centroamérica y El Caribe. El Gerente de Asuntos Externos de ITP - República Dominicana, Centroamérica y el Caribe de Philip Morris International, Erick Pérez del Toro, indicó: 

Nuestro objetivo es colaborar con los Gobiernos y la sociedad civil, pues el impacto del contrabando va más allá de cómo afecte al mercado, ya que uno de los principales problemas son los nexos que tiene con el crimen organizado".

Además añadió:

Consideramos que deben existir alianzas con gobiernos, así como la creación y fortalecimiento de las unidades anti-contrabando que puedan, a través de sistemas de denuncias, apoyar las acciones para erradicar los productos ilegales y, en consecuencia, ser un soporte para las comunidades, pues el comerciante y la comunidad se pueden ver afectados por la inseguridad que hay alrededor de esta actividad".