El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó que el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas y ocho personas más, vayan a juicio por el caso "cementazo-Banco Popular".
Según informó el Ministerio Público, la resolución de apertura a juicio fue notificada a las 11:30 pm de ayer miércoles tras una audiencia preliminar que inició en septiembre. En el fallo se establece que deben afrontar el debate:
- Juan Carlos Bolaños Rojas, por tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
- Ana Laura Suarez Aguiar, esposa de Juan Carlos Bolaños Rojas, por un delito de influencia contra la Hacienda Pública.
- Kendall Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios del BPDC, por tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública y dos delitos de falsedad ideológica.
- Allan Bogantes Brenes, analista de crédito del BPDC, por dos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y un delito de falsedad ideológica.
- Javier Rojas Segura, gerente de Sinocem, por tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
- Rigoberto Delgado Negrini, jefe de División de Banca Institucional del BPDC, por tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad ideológica.
- Adolfo Arias Silesky, ejecutivo del BPDC, por un delito de influencia en contra de la Hacienda Pública y dos delitos de falsedad ideológica.
- José Thompson Camacho, ejecutivo de negocios del BPDC, por un delito de influencia contra la Hacienda Pública.
- Mario Cortés Zúñiga, representante de Sinocem, por tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
A partir de ahora, el expediente pasará a manos del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, para que ese órgano señale la fecha de inicio del juicio.
EL CASO
En marzo del 2018, la Fiscalía General informó que según sus pesquisas, Juan Carlos Bolaños solicitó un crédito al Banco Popular por $5 millones, línea de crédito que fue autorizada por la entidad en el 2015, aun cuando no se realizó un análisis de la capacidad de pago, del plan de inversión y de las garantías.
Asimismo, Bolaños justificó al Banco Popular que ese dinero iba a ser utilizado para la compra de cemento procedente de China, pero presentó la misma Declaración Única Aduanera (DUA) con la cual justificó el crédito que le otorgó el Banco de Costa Rica. Las DUA son documentos que se entregan por cada importación que una persona haga, por lo que no puede haber una misma declaración para dos importaciones diferentes.
Según detalló en conferencia de prensa en aquel entonces, la ahora exfiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio; el 26 de abril del 2017 el Banco Popular aprobó una operación de refinanciamiento por un monto aproximado a los $4.5 millones, por el plazo de 15 años, al margen de las alertas que debieron haber impedido un segundo giro de dinero, pues el empresario estaba en mora con el préstamo millonario del 2015.
La investigación permitió concluir que, presuntamente, los funcionarios públicos Bogantes y Gómez, en conjunto con Bolaños, habían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado de la República Popular de China, mientras se tramitaba el análisis y aprobación del crédito bancario. Además, se determinó que no se importó cemento con el dinero producto del crédito desembolsado por parte del Banco Popular.
