La papeleta para elegir al próximo gobierno de Costa Rica tendrá 27 rostros, cantidad que duplica la de anteriores procesos y solo es superada por la oferta de 1844, cuando se realizaron las primeras votaciones mediante el sufragio directo con una treintena de aspirantes al cargo. Además, del total de pretendientes, cerca de 17 irán con doble postulación a Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, mientras que otra veintena de agrupaciones solo aspirarán al Congreso. La tendencia actual, sin embargo, no responde a la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, sino a una crisis de representación y participación política que se expresa en términos cuantitativos y cualitativos.
La población del país pasó de 850 mil habitantes en 1949, cuando la Asamblea Legislativa tenía 45 curules, a 1.3 millones en 1961 cuando se fijó constitucionalmente en 57 las curules legislativas que nos representan hasta hoy, cuando ya superamos los 5 millones de personas. En términos relativos si antes existía una curul por cada 22.8 mil personas, hoy cada diputación representa cerca de 88 mil habitantes, lo que redunda en un mayor distanciamiento entre representantes y representados y menores posibilidades para que los aspirantes logren una curul.
En un sistema donde la cantidad de puestos a elegir es fija, la sobreoferta de opciones partidarias, lejos de significar una mayor representación, provoca que más votantes queden huérfanos políticamente. De los 25 partidos que participaron en las elecciones legislativas de 2018, 18 no obtuvieron ningún cargo, lo que representó casi el 15% de los votos.
El segundo aspecto tiene que ver con el sistema de elección de diputaciones, que es una variante del sistema proporcional donde las candidaturas se eligen en listas cerradas. Para lo que interesa, las agrupaciones nominan listados de aspirantes en cada provincia y cada elector debe conformarse con alguna de las nóminas propuestas. Las listas cerradas desincentivan la participación de quienes se ubican en puestos más bajos, pues solamente los de más arriba tienen posibilidades reales de elegirse. Esto a su vez alimenta la migración de liderazgos hacia otras tiendas políticas en busca de algún primer puesto: con el apoyo mínimo de un centenar de personas, cualquiera puede fundar su propio grupo provincial e incluso nacional, o tomar otro prestado, con la esperanza de resultar electo por subcociente, provocando las más inesperadas y contradictoras alianzas.
Algunos de los problemas descritos podrían resolverse con un modelo de listas localizadas intermedio entre el sistema vigente y las listas abiertas, y ampliando el elemento de proporcionalidad mediante la reducción del subcociente mínimo.
Estas dos propuestas requieren reformas legales y no constitucionales, por lo que resultan prácticas y alcanzables. Para adoptar las listas localizadas basta con subdividir cada provincia en tantos distritos de igual cantidad de electores como diputados elija esta, igualando las condiciones para todos los aspirantes, incluso dentro de los partidos y garantizando una relación más cercana del representante con los electores. Cada agrupación recibiría un número de escaños relativo a su parte de la votación, como ocurre hoy. Una vez dado el número de escaños para cada partido, las candidaturas con porcentajes de votación más altos serían elegidas, hasta que se hayan cubierto todos los escaños correspondientes a ese partido, en lugar de una lista vertical predefinida. Mientras que un subcociente menor garantizaría una menor desamparo representativo.
El híper-multipartidismo, la atomización de las agrupaciones y el personalismo es la respuesta actual de nuestro sistema frente a la crisis de representación. Las propuestas presentadas para prohibir dobles candidaturas, pulular con aún más agrupaciones las papeletas o personalizar el sistema de elección mediante listas abiertas a expensas de los ya debilitados partidos, no solucionarán ninguno de estos problemas. La crisis de representación requiere soluciones reales y estructurales.
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