La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, ordenó al Ministerio de Justicia y Paz que proceda de inmediato a trasladar al Centro de Atención Institucional San José (CAI San José, conocida como cárcel de San Sebastián) a las personas que tienen más de 72 horas en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La medida fue adoptada en una sesión de emergencia este lunes, ya que el Alto Tribunal solo suele deliberar de forma ordinaria los días martes, miércoles y viernes.

Según informó la oficina de prensa de la Sala, la medida ordenada es extraordinaria y temporal ante la situación que se vive por hacinamiento en las celdas del OIJ. Además, surge en momentos en que el Ministerio de Justicia se encuentra enfrentado con los jueces de ejecución de la pena que no han levantado las órdenes de cierre contra los centros penitenciarios del país, incluido el CAI San Sebastián que pese a tener 300 espacios disponibles para recibir población indiciada, no podía hacerlo.

La orden de la Sala llega, además, a solo días de que la jueza de ejecución de la pena, Mayra Acevedo Matamoros, decidiera si levantaba la orden de cierre contra el CAI San Sebastián. Sin embargo, la resolución de la Sala pasa por encima del cierre (ordenado desde 2016) y habilita que se empiece a liberar espacio en las celdas del OIJ.

Según el fallo, el Ministerio de Justicia deberá acatar los siguientes parámetros mínimos a la hora de hacer el traslado ordenado:

  • Coordinar con el Ministerio de Salud para que el derecho a la salud le sea resguardado a las personas privadas de libertad.
  • La personas privadas de libertad solo podrán ser ubicadas en lugares destinados a su alojamiento, mas no en las áreas comunes.
  • Respetar las “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos” y la normativa referida a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, entre ellas limitar el hacinamiento en las cárceles y garantizar la separación de personas según su situación jurídica, edad y género.
  • Dictar las medidas para que el centro penitenciario conocido como Terrazas entre en funcionamiento en un plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia.

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, detalló que esta solución extraordinaria dictada por el Tribunal procede mientras se mantenga la crisis carcelaria en las celdas del OIJ, en las cuales hay más de 300 personas en condiciones infrahumanas.

“La Sala Constitucional entiende que se está ante una situación extraordinaria, que demanda de este Tribunal una medida extraordinaria que garantice a los privados de libertad su dignidad humana, y a la sociedad costarricense la seguridad ciudadana con criterios de eficacia y eficiencia, todo dentro de un marco de un Estado social y democrático de Derecho”, manifestó Castillo.

La resolución fue emitida a raíz de un recurso de habeas corpus interpuesto por el director del Organismo de Investigación Judicial, y que se tramitó bajo el expediente 21-018479-0007-CO.