El Ministerio de Hacienda reveló este martes que mantiene en trámite 25 denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, con el objetivo de recuperar más de ¢31.500 millones en impuestos  dejados de pagar.

Según un comunicado de la institución, las denuncias aún en trámite fueron presentadas por la Dirección General de Tributación entre los años 2003 y los primeros meses del 2021, como resultado de acciones de fiscalización que permitieron descubrir maniobras de fraude complejo, algunas de ellas de carácter internacional, en la que intervienen sociedades extranjeras.

Uno de los casos que involucra fraude complejo internacional se logró mediante la omisión de ingresos gravables, reporte de ingresos gravables como exentos o no sujetos y el rebajo de gastos no deducibles, con el objetivo de evadir el pago del impuesto sobre las utilidades al erosionar la base imponible.

Se trata de una entidad financiera, cuya identidad no fue revelada, que omitió en su declaración del impuesto sobre la renta a las utilidades, ingresos por intereses sobre operaciones de crédito de clientes que presentaban atrasos en el pago.

Esa entidad declaró ingresos percibidos por captaciones overnight (de muy corto plazo), como parte de sus ingresos, supuestamente, no gravables. Para ello, argumentó que esos rendimientos habían estado sujetos a la retención única y definitiva establecida en el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El esquema incluyó la deducción de deudas de tarjetahabientes que a su criterio eran saldos de clientes incobrables, sin embargo, la Administración Tributaria logró comprobar una serie de irregularidades en la llevanza, contabilización y respaldo de la cartera de crédito, que involucraba operaciones con otra empresa del mismo grupo económico.

Finalmente, para consumar el fraude, la entidad financiera declaró como parte de sus gastos deducibles sumas correspondientes a gratificaciones pagadas a sus directores, gerentes y subgerentes como incentivo por el cumplimiento de metas, las cuales no fueron sujetas a las retenciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Otro caso involucra cinco empresas, tres de ellas creadas en paraísos fiscales, con el fin de desaparecer las utilidades que una sociedad costarricense acumuló durante varios años y de esta forma esquivar la distribución dividendos o beneficios asimilables a ellos.

Según explicó Hacienda, la sociedad costarricense (denominada Sociedad CR para este ejemplo), propiedad de una empresa extranjera (Sociedad Extranjera 1) estuvo acumulando utilidades durante varios años y no distribuía dividendos.

La Sociedad CR depositaba sus “excedentes de efectivo” (utilidades netas) a una empresa del mismo grupo (Sociedad Extranjera 2) que no realizaba ninguna actividad comercial y se ubicaba en un paraíso fiscal. La Sociedad Extranjera 1 le aumentó el capital social a la Sociedad CR mediante el aporte del 100% de las acciones de otra empresa (Sociedad 3) residente en un tercer país, también calificado como paraíso fiscal, por lo que esta última pasó a pertenecer a Sociedad CR.

Solo tres días después del aumento de capital, la Sociedad Extranjera 1, acordó que Sociedad CR realizara una “contribución de capital operativo” a Sociedad 3, para que ésta a su vez -sin estudio de factibilidad alguno- comprara una segunda empresa (Sociedad 4) en el mismo país donde estaba ubicada.

Una vez aceptado el aporte de capital, la Sociedad 4 suscribió un contrato de préstamo con la Sociedad 2 (tesorera de Sociedad C.R.) y disponiendo del dinero que pertenecía a esta última, redujo en sus estados financieros la cuenta de inversiones.

De esta manera, los beneficios de fuente costarricense se trasladaron al exterior en calidad de retribuciones a capitales extranjeros, sobre los que no se pagó los impuestos que correspondía.

Hacienda afirmó que durante el 2021 se han presentado tres denuncias penales, por un monto superior ¢8.079 millones en impuestos dejados de pagar.

Para que un caso pueda ser presentando ante el Ministerio Público, la cuantía del monto defraudado debe exceder los 500 salarios base, por lo que tomando en cuenta que el salario base es ¢462.200, esto significa que la defraudación para este periodo debe superar la suma de ¢231.100.000.

Carlos Vargas director general de la Dirección General de Tributación explicó que si concluidas todas las etapas y garantías del proceso legal, la persona es encontrada culpable del delito de defraudación a la Hacienda Pública, sea por una acción u omisión, enfrentará pena de prisión entre cinco y diez años.