La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero, anunció este martes que los ministerios e instituciones del sector público deberán entregar el próximo 5 de noviembre un informe sobre el avance de la vacunación contra COVID-19 entre los funcionarios, tras haberse firmado el decreto que la declara obligatoria para los trabajadores del Estado.

Según explicó la Casa Presidencial en un comunicado de prensa, la ministra Dinarte detalló la medida en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno y dicho informe deberá contener la cantidad de personal con esquema completo, la cantidad de personas con primeras dosis, la cantidad con certificado de contraindicación médica para esta inmunización y la cantidad de personas no vacunadas.

La orden girada es que las instituciones verifiquen la vacunación de cada uno de sus funcionarios y la justificación médica de aquellas personas que tengan contraindicaciones. En cada entidad los encargados del manejo y protección de la información serán los consultorios médicos o, en su ausencia, el Área de Salud pertinente.

Según Zapote, al Ministerio de la Presidencia solo llegarán datos generales sin detalles individuales ni sensibles.

Dinarte afirmó que en todo el sector público se emprenderá una campaña de sensibilización para que las personas que no se hayan vacunado aclaren sus dudas y se vacunen de forma pronta.

De hecho, el Presidente de la República. Carlos Alvarado Quesada, instó a todos los jerarcas a persuadir a la gente y a hacer campañas de vacunación en las instituciones no solo para funcionarios, sino también para sus familias. Nuestro objetivo es que la gente se vacune. Queremos cuidar a la población y que se vacunen para el beneficio de todas y todos.

La siguiente acción, si la campaña de sensibilización no funciona entre la población no vacunada del sector público, es que los jerarcas instruyan a cada persona para que se inmunice, para lo cual habrá entre 5 y 10 días hábiles para cumplir la orden.

Luego de ese plazo se impondrán medidas disciplinarias a quienes mantienen su renuencia a vacunarse sin una justificación válida. Sin ser excluyentes entre sí, las medidas podrían ser un procedimiento administrativo, una multa fija –un salario base (¢462.200), según estipula el artículo 378 de la Ley General de Salud– y una denuncia ante el Ministerio Público.