Costa Rica, según su vocación pacifista, ha construido una Política de Estado relativa a los temas de seguridad y paz que nos ha diferenciado de los demás países de la región. La abolición del ejército, la construcción de una policía civilista y garante de los derechos humanos, una visión de la seguridad que parte desde la prevención y la construcción comunitaria y, en los últimos años, una adecuada regulación de la tenencia de arma de fuego en manos de la población. Por eso, es un absoluto retroceso, el planteamiento que hace el candidato José María Figueres de volver a armar a la población e indicar, falsamente, que esto será una opción viable para enfrentar los retos en materia de seguridad. Esta propuesta no solo es errada desde el enfoque técnico, sino que también representa un retroceso y una contradicción con las acciones que gobiernos del mismo Liberación Nacional han implementado en el pasado.
Primero, desde lo conceptual, es importante entender que el Estado le brinda una licencia a las personas para poder adquirir un máximo de dos armas, no puede hablarse de un derecho a andar armado y menos verlo como una extensión de la garantía de algún Derecho Humano. La Sala Constitucional ha sido contundente en afirmar que no existe un derecho fundamental al uso de armas y, es más, existe una obligación del Estado de brindar estrictos y efectivos controles sobre su tenencia. Así lo ha establecido en su amplia y contundente jurisprudencia, donde ha respaldado todas las acciones de control que se han implementado desde el Ministerio de Seguridad Pública y lo fortaleció en la respuesta de la Consulta Facultativa de Constitucionalidad que emitió a las reformas a la Ley de Armas emprendidas al inicio de esta Administración, donde incluso llegó a indicar que no existe —si quiera— un derecho adquirido a la tenencia de armas ya inscritas.
Además, son numerosos los estudios y la documentación técnica que plantean que las armas de fuego son factores de riesgo y que implican un aumento de la violencia que vive una sociedad. En Costa Rica la delincuencia encuentra su fuente de abastecimiento de armas del mercado legal, sobretodo de las inscritas por las empresas de seguridad privada. La adquisición de un arma de fuego no solo es un riesgo para la sociedad, lo es también para su portador. El profesor de Harvard, David Hemenway, afirma que no existe ninguna evidencia científica que respalde que tener un arma en casa sea efectivo para defenderse, pues —según sus estudios— los casos exitosos de uso de un arma en una situación de legítima defensa no llegan ni al 1%; la evidencia es abrumadora en plantear que es una falacia concluir que aumentar la cantidad de armas de fuego en la población aumentará su posibilidad de defenderse. Tener un arma de fuego no solo no sirve para la defensa propia, sino que implica un riesgo para su portador, según el Banco Interamericano de Desarrollo, es 12 veces más probable que el arma de fuego sea utilizada contra un miembro de la familia, que contra un asaltante. Incentivar la adquisición de armas de fuego, no solo es una pésima política de seguridad, pues aumentará su circulación en la calle y le facilitará su obtención a la delincuencia, sino que además es un mal consejo para una persona que cree que obteniendo una, estará más seguro.
Armas y poblaciones vulnerabilizadas
Otro gran peligro de incentivar la adquisición de armas de fuego se involucra en la agravada afectación que éstas tienen sobre las distintas poblaciones históricamente violentadas, sobretodo en mujeres y en la niñez. Según el BID, en un hogar donde hay violencia intrafamiliar, que exista un arma de fuego, aumenta en 7 veces las probabilidades de que la agresión acabe en femicidio. Lo anterior, sin contar la violencia psicológica, amenazas e intimidación que probablemente haya sufrido la víctima decenas de veces antes, pero para lo cual, lamentablemente no se tienen estudios que lo respalden estadísticamente. La tenencia de armas de fuego también implica un riesgo para las familias con niños, según Stanford Children’s Health en hogares donde hay un arma de fuego, el 80% de niños entre primer y segundo grado, saben donde ubicarla, lo cual aumenta las probabilidades de que la manipulen y generen una muerte o lesión asimismo o a un tercero. Otro aspecto a indicar es que países con menores regulaciones de armas de fuego experimentan una mayor cantidad de tiroteos masivos, sobretodo en centros educativos.
Finamente, la absurda propuesta de Figueres no significa solo un retroceso en la exitosa política de regulación de armas de fuego que ha seguido el país en las últimas décadas y que se ha convertido en una exitosa Política de Estado, sino también es una contradicción con las acciones que emprendió su propio partido en el pasado.
En la Administración Chinchilla Miranda, dentro de las muchas acciones de control de armas que emprendió, se deben destacar dos: 1. La reducción de la presencia de armas en centros educativos, producto de acciones preventivas en esta población y 2. La implementación del Sistema ControlPas, el cual permitió la trazabilidad total de la adquisición y tenencia de armas de fuego en el país y, partir de esa acción, se han podido implementar regulaciones más estrictas y responsables de las dos Administraciones del Partido Acción Ciudadana, incluida la reforma legal más fuerte efectuada en el país en las últimas tres décadas.
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