El Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC), anunció esta semana su oposición a la aprobación del Proyecto de Ley 22,206 sobre el Programa Nacional de Alfabetización Digital ni su texto sustitutivo.

Según el Colegio, el texto sustitutivo tiene modificaciones en donde señala que los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), serían entregados a entidades políticas, como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y no técnicos, "lo que afecta al cumplimiento de los objetivos de acceso universal de la Ley General de Telecomunicaciones N°8642".

Lo anterior, según el CPIC, "hace más compleja la estructura del Estado, debido a que se cambiarían las funciones y responsables en temas de financiamiento, asignación, administración y control de los recursos, lo que provoca el debilitamiento del control sobre los recursos de Fonatel".

La Presidenta del CPIC, Yenory Rojas, dijo que:

El CPIC no considera conveniente que un programa específico de educación sea incluido en la Ley General de Telecomunicaciones, la cual regula aspectos técnicos. Lo correspondiente es que un programa de este tipo se coordine mediante los instrumentos contenidos en dicha ley y en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT), lo que además, evitaría la rigidez de legislativa cada vez que el Poder Ejecutivo requiera modificar el programa”.

Además, el colegio señala que este proyecto de ley le otorga al MICITT potestades sobre aspectos técnicos, que, mediante la Ley General de Telecomunicaciones, fueron otorgadas a la SUTEL. 

También se establece que, a dicho Ministerio, se le dará la potestad de formular, ejecutar y operar los proyectos de acceso universal, servicio y solidaridad del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, "sin tomar en cuenta que el MICITT se basa generar políticas públicas y la gestión de aspectos técnicos y prácticos en cuanto al desarrollo de la tecnología". 

De igual forma, se pretende crear un bono de conectividad, financiado por Fonatel, que estaría obligada a entregar los recursos 65 días después de que entre a regir la reforma, por lo que afirman, que no están considerando la sostenibilidad financiera de los proyectos que la SUTEL ya está ejecutando", concluyó el colegio.

El proyecto actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.