La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, convocó a una audiencia pública para escuchar argumentos de las partes involucradas en un conflicto que dirime el Alto Tribunal, respecto al uso del gimnasio de la Unidad de Atención Institucional (UAI) Reinaldo Villalobos, en el complejo penitenciario de Occidente, como centro de aislamiento para casos de COVID-19.

El caso refiere a un recurso de habeas corpus que se tramita en el expediente 21-017649-0007-CO, y al cual se apersonaron como coadyuvantes los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, el Comando de Atención de la Emergencia (CAE, del Ministerio de Justicia y Paz), la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Ministerio de la Presidencia, así como la Dirección de Policía Penitenciaria.

En el habeas corpus se objeta la resolución de Juan Carlos Alvarado, en su condición de juez de ejecución de la pena del Primer Circuito Judicial de Alajuela, de prohibir que el gimnasio del UIA Reinaldo Villalobos sea usado para espacios de aislamiento para la prevención de la COVID-19 en el sistema penitenciario, a pesar de que resoluciones previas del Alto Tribunal habían determinado que el espacio no afectaba a la población penitenciaria y que respondía al cumplimiento de protocolos sanitarios por la pandemia.

El conflicto por este tema ha escalado en las últimas semanas, pues las autoridades coincidieron en la urgencia de contar con la habilitación de espacios de aislamiento para evitar un serio problema de gestión carcelaria en el país en las próximas semanas.

La Sala convocó a la audiencia oral y pública el próximo 28 de septiembre a las nueve de la mañana, a través de la plataforma Teams de Microsoft.

Además de la parte que presentó el habeas corpus en un primer lugar, la Sala citó a la audiencia al juez denunciado; así como a Alexander Solís, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias; Daisy Matamoros, en su condición de directora de la Policía Penitenciaria; Nils Ching, en su calidad de subdirector de la Policía Penitenciaria; Michael Soto, en su condición de ministro de Seguridad Pública; Diana Posada, en su condición de delegada para la atención y toma de decisiones en lo relativo a la atención de la pandemia por COVID-19 en el Sistema Penitenciario y coordinadora del Comando de Atención a la Emergencia; y María Devandas, en su condición de ministra interina de la Presidencia.

Como prueba para mejor resolver, la Sala también convocó al director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y al Director del Organismo de Investigación Judicial, para que se refieran a la situación actual de las personas privadas de libertad, tanto indiciados como sentenciados, con ocasión de la decisión jurisdiccional objetada en el recurso de habeas corpus.