La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa conformada para reformar el Reglamento del Congreso y transparentar los procedimientos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y otros puestos resorte de Cuesta de Moras, confirmó este martes ser otro fiasco y una completa pérdida de tiempo y recursos.
A pesar de que se instaló el 29 de junio de 2020, en casi 15 meses la comisión sesionó solo siete veces, y en la convocatoria de este martes se avocaron a discutir y votar las dos propuestas de reforma reglamentaria, cuyo plazo para dictaminar venció desde marzo de este año.
En primer lugar se conoció el expediente 21.628, presentado por la bancada del Partido Acción Ciudadana, y que pretendía reformar y derogar las disposiciones del Reglamento del Congreso que permiten realizar votaciones secretas como norma general, para adecuar el contenido a la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Sin embargo, aunque la diputada Carolina Hidalgo Herrera intentó defender la iniciativa y de paso lamentó el poco interés mostrado por los integrantes de la comisión para realizar las reformas, la mayoría integrada por Pedro Muñoz Fonseca del PUSC; Jorge Luis Fonseca y Wagner Jiménez Zúñiga del PLN; y el independiente Erick Rodríguez, votaron en contra del expediente.
Solo Hidalgo, junto al también oficialista Víctor Morales Mora (que sustituía a José María Villalta temporalmente) votaron a favor.
La Comisión también rechazó por misma votación el expediente 21.744 que fue presentado por diputados del Partido Liberación Nacional, y que pretendía agregar dos artículos al reglamento para hacer públicas las votaciones de elección y no-reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El diputado Jorge Luis Fonseca, quien además preside el foro, intentó justificar que votaría en contra porque había "un grupo de diputados" impulsando una propuesta que llenaba sus expectativas, y que ninguna de las dos que estaban en conocimiento en ese momento lo hacía. Fue además el único diputado de oposición que justificó su voto en contra a los expedientes.
Pedro Muñoz Fonseca y Erick Rodríguez Steller, por su parte, son bien conocidos por estar en contra de que se transparenten las elecciones de magistrados desde el Congreso, a pesar de los múltiples votos de la Sala Constitucional que señalan que la transparencia es la norma, y el secretismo es la excepción.
Desde junio de 2019 está presentada la acción de inconstitucionalidad 19-011022-0007-CO en contra de los artículos del Reglamento del Congreso y un acuerdo adoptado en el periodo 2004-2005 que definió el sistema de elección secreta de magistrados.
Aunque Delfino.cr pidió a la Sala Constitucional acelerar la resolución de ese expediente, dado que los antecedentes jurisprudenciales son bastos y constantes; además de las coadyuvancias presentadas por otros diputados y hasta el criterio afirmativo de la Procuraduría General de la República, el pasado 10 de febrero la Sala rechazó una gestión de pronto despacho y resolución "al no advertirse que en el caso concreto haya existido un plazo irrazonable de resolución a la luz de las propias circunstancias de este Tribunal".
Dado el tiempo que ha pasado desde esa última resolución y los hechos que tuvieron lugar este martes, presentaremos una nueva solicitud a la Sala para que resuelva con prontitud, tomando en cuenta que ya está en curso el proceso para definir si se mantienen en sus cargos dos jueces de la Sala Constitucional: Luis Fernando Salazar y Nancy Hernández López.
Dosis semanal de vergüenza ajena
La "Comisión Especial Investigadora" de la infiltración del narco en la Zona Sur nos dio este martes su dosis semanal de vergüenza y pena ajena, al volver a convertirse en un ring entre el diputado Luis Ramón Carranza y el independiente Erick Rodríguez Steller, cuyo único aporte al foro legislativo ha sido deslegitimar el trabajo que se venía realizando y acusar de que se trata todo de una politiquería por parte de la bancada oficialista.
Esta vez, el pleito ocurrió porque Carranza Cascante protestó ante una moción que pretendía dejar sin efecto varias de las audiencias previamente acordadas, además de que se adelante la audiencia al alcalde de Corredores, cuando faltan otras personas con posible conocimiento de los hechos allí ocurridos por atestiguar ante los diputados. Ante ello, Rodríguez Steller dijo que la comisión no se creó con fines politiqueros, pero que Carranza incurría en ello; posteriormente el oficialista le pidió que se tomara un "vasito con agua para que conecte el cerebro con la lengua", y ante las interrupciones extra-micrófonos de Rodríguez le pidió que se callara, porque él no le había interrumpido en su uso de la palabra.
Inclusive, Carranza dijo estar arrepentido de haber planteado el nombre de Rodríguez para presidir la comisión legislativa, ya que no tenía capacidad para ello.
El incidente fue tan penoso que el diputado del Partido Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas Víquez, pidió orientación sobre si podía salirse de la comisión de forma permanente.
La moción de la diputada Floria Segreda Sagot, aprobada por todos los diputados excepto Carranza, dejó sin efecto las convocatorias a Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera, sospechosos de integrar la banda narco que logró establecer contacto con figuras políticas en el Ejecutivo y Legislativo para impulsar sus proyectos y lavar el dinero. Tampoco tendrán que comparecer los alcaldes Jorge Alberto Cole de Osa (PLN); José Bernardino Rojas de Buenos Aires (PLN); Freiner Lara de Golfito (PUSC), ni Steven Barrantes de Coto Brus (PLN).
Dictaminada la Ley de Voluntades Anticipadas
La Comisión de Derechos Humanos dio dictamen afirmativo al expediente 21.512 "Ley de Voluntades Anticipadas", una iniciativa de la diputada Paola vega surgida a raíz de información recibida por parte de representantes de la Unidad de Cuidados Paliativos, quienes detallaron que se pierde mucho tiempo a la hora de atender a una persona enferma, por cuanto no se conoce cuál es su posición o voluntad sobre los tratamientos que quiere o desea recibir en caso de llegar a una condición extrema en que no pueda hacerlo.
Este expediente viene a facilitar, por ejemplo, la posición del enfermo en el caso de la donación de órganos o los tratamientos que se quieren recibir, cuando esté en riesgo su salud. Además, permitirá que en Costa Rica las personas puedan suscribir las denominadas Órdenes de No Resucitación (DNR en Inglés).
En el testamento vital se podrá incluir, según propone la iniciativa:
- Objetivos vitales y valores personales, para ayudar a la interpretación de las voluntades y disposiciones, y que sirva de orientación al personal de salud en el momento de tomar las decisiones clínicas que puedan afectarle.
- Las disposiciones sobre el tratamiento pueden referirse tanto a una enfermedad o lesión que la persona testadora ya padece, como a las que eventualmente podría padecer en un futuro, e incluir previsiones relativas a las intervenciones médicas acordes con la buena práctica clínica que desea recibir, a las que no desea recibir y a otras cuestiones relacionadas con el final de la vida siempre que sean conformes con la lex artis.
- En el supuesto de situaciones críticas vitales e irreversibles respecto a la vida, podrá incorporar declaraciones para que se evite el sufrimiento con medidas paliativas, no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios.
- Designación de una persona representante, y hasta dos suplentes en las cuales deberán ser todas mayores de edad y con plena capacidad jurídica.
Esta designación la realizará la persona testadora en el orden que estime conveniente, indicando la persona representante titular y el orden de las suplencias. En caso de omisión del punto anterior, se tomarán en el orden que aparecen en el documento, siendo la primera persona la titular y, las siguientes, suplentes.
Si al momento de que se realiza la designación alguna persona representante fuese cónyuge o pareja de hecho de la persona testadora, el nombramiento se extinguirá por:- i. La interposición de la demanda de nulidad, separación matrimonial o divorcio; o
- ii. La extinción formalizada de la pareja de hecho o unión libre.
- Su disposición de estar acompañados en la intimidad en los momentos cercanos a la muerte, y a que las personas acompañantes reciban el trato apropiado a las circunstancias según las capacidades del centro de salud.
- En caso de muerte, la decisión respecto a la donación de órganos y el destino del cuerpo. La persona testadora podrá hacer constar la decisión respecto a la donación de órganos con finalidad terapéutica, docente y de investigación; esto implica que en estos casos no se requerirá autorización ulterior para la extracción o la utilización de los órganos o piezas anatómicas donadas.
El expediente se envió a consulta a una serie de organismos e instituciones relacionadas con la bioética, a los comités de bioética de los hospitales, a la Conferencia Episcopal, a los colegios de Médicos y Abogados, al Archivo Nacional, a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Defensoría y la Procuraduría generales de la República.
Breves
— La Comisión de Hacendarios designó la subcomisión encargada del estudio del Presupuesto Nacional 2022: Nielsen Pérez del PAC, María Inés Solís del PUSC, Eduardo Cruickshank del PREN y Harllan Hoepelman por los independientes. El informe al resto de la Comisión debe emitirse a más tardar el 1 de octubre, para luego iniciar el trámite de mociones. Además, en esa comisión se dictaminó afirmativamente el expediente 22.645 "Sexto Presupuesto Extraordinario de la República que Modifica la Ley 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021".
— La Comisión de Gobierno dictaminó afirmativamente los expedientes 21.105 "Autorización a la Municipalidad de Buenos Aires, para que done un terreno de su propiedad a la Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Buenos Aires, para la construcción de su sede"; 21.365 "Derogatoria del inciso ñ del artículo 53 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos" y 22.334 "Ley para garantizar la cobertura universal del seguro de riesgos del trabajo a las personas trabajadoras afectadas por mordeduras de serpientes" luego de aprobarle a los tres textos sustitutivos. También se dictaminó afirmativamente el expediente 22.323 "Ley de Igualdad para los Trabajadores ante la Seguridad Social"; y se envió al archivo el expediente 21.328 "Ley para fortalecer a la Policía de Tránsito".
— La Comisión Especial de Guanacaste dictaminó positivamente el expediente 21.196 "Autorización al Estado para que done un bien inmueble a la Federación de Municipalidades de Guanacaste para poner en funcionamiento la planta asfáltica al servicio de los municipios"; y desechó el expediente 21.841 "Autorización a la Municipalidad de Carrillo para la donación de un terreno a la Asociación del Acueducto de Paso Tempisque".
— La Comisión de Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 21.274 "Reforma de los artículos 214 y el inciso d) del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078, del 4 de octubre de 2012 y sus reformas", para que sin perjuicio de las labores ordinarias de la Policía de Tránsito, en cada cantón pueda investirse a policías municipales y a los oficiales parquimetristas como inspectores de tránsito municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Tránsito. También dictaminaron a favor el expediente 21.468 "Modificación de los artículos 94 y 94 Bis del Código de Trabajo", para prohibir a los patronos despedir a los trabajadores cuando sus esposas o parejas, con las que convivan en unión de hecho comprobada emitida por un juez de la República, estén embarazadas; y el expediente 20.683 "Reforzamiento de las Herramientas en la Lucha Contra la Corrupción" que reforma la Ley sobre Registro, Secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones para disponer que los Tribunales de Justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, cuando involucre el esclarecimiento de los delitos secuestro extorsivo, proxenetismo agravado, corrupción agravada, fabricación, producción o difusión de pornografía y delitos sexuales contra personas menores de edad; trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos; homicidio calificado; genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
— Con 36 votos a favor y 9 en contra, se aprobó una moción de orden con un llamado de atención al Presidente de la República, a sus ministros y demás funcionarios públicos para que "se abstengan de promover actos que atenten contra la legitimidad, libertad y transparencia del proceso electoral", a raíz del cierre que de la sede del PUSC, realizó la Dirección General de Tributación el fin de semana pasado, a horas de que la agrupación socialcristiana tuviera que realizar sus asambleas provinciales para escoger candidatos a diputados para los comicios del 2022. El jefe del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, justificó la moción en el sentido de que es un mensaje claro al Gobierno para que actos como esos no se repitan, mientras que la jefa del PAC, Laura Guido, justificó el voto en contra de su bancada al señalar que ninguna agrupación está por encima de la ley, además que la proposición incluía afirmaciones graves.
— Con 38 votos a favor y 7 en contra, se aprobó en segundo debate el expediente 22.366 "Contrato de Préstamo Nº 9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de la República de Costa Rica para financiar el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica". La iniciativa necesitaba 38 votos a favor para ser aprobada, los cuales fueron conseguidos tras varios recesos donde se llamó a diputados que no estaban presentes en el Plenario, algo que Wálter Muñoz Céspedes del PIN consideró "poco ético", pues la responsabilidad de todos era estar en el salón de sesiones, y los temas someterse a votación una vez hubiese concluido la discusión.
— Con 40 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 22.033 "Ley para mejorar el proceso de control presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la Administración Pública", con el cual se prohíbe a quien ocupe el cargo de Tesorero Nacional desempeñar cualquier otro cargo o empleo público; y se adoptan otras reformas para evitar que casos como el hueco presupuestario de la Administración Solís Rivera vuelvan a presentarse.
— Con 39 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 20.808 "Reforma del artículo 1 de la Ley N° 9398, Ley para perfeccionar la rendición de cuentas, de 28 de setiembre de 2016", con el cual se establece la obligación de los rectores sectoriales, jerarcas ministeriales, de entes descentralizados institucionales y de órganos de desconcentración máxima, de elaborar, publicar y divulgar un informe anual, de la labor desarrollada por la o las instituciones a su cargo.
— Con 38 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 21.756 "Ley de creación del distrito tercero del cantón de Garabito denominado: Lagunillas".
— Con 38 votos a favor y 0 en contra, se aprobó cancelar la sesión ordinaria del Plenario del 14 de septiembre y en su lugar sesionar extraordinariamente a partir de las 9:00 am para conocer la agenda ordinaria.
