La crisis económica ocasionada por la pandemia, como toda crisis tiene ganadores y perdedores, en esta ocasión sin duda los mayores perdedores son turismo, cultura y el transporte público regulado.

El transporte público modalidad ruta regular, tiene una particularidad y es que ya venía en detrimento de las pequeñas empresas por la forma en que las instituciones públicas han procedido en los últimos años, especialmente los de zonas rurales pues nos tratan de igual manera cuando la realidad es totalmente distinta.

Si enumeramos en una lista taxativa las situaciones que han llevado a la casi extinción del pequeño y mediano empresario de transporte público, no terminamos este artículo, pero si puedo enumerar lo que a mi criterio son los principales aspectos a considerar.

  1. No tenemos representación en el Consejo de Transporte Público (CTP). Los empresarios de autobuses de ruta regular tenemos un representante en la Junta Directiva del CTP que ni siquiera nos atiende cuando necesitamos ayuda, él no es nombrado democráticamente y es claro que no le preocupa los empresarios pequeños.
  2. El modelo tarifario es un caos. El sistema para fijar precios no reconoce los costos en los que se incurre y a la vez sobredimensiona otros que no tienen lógica, acá casi todo está mal. Para ilustrar el modelo actual considera que por cada bus inscrito en la ruta hay 0,8 mecánicos, entonces una empresa de 10 buses, debe tener 9 buses trabajando (1 como bus de repuesto) y 8 mecánicos según el modelo. Esto es falso y provoca que los aumentos extraordinarios sean menores y merma los ingresos de quienes no pueden tramitar un ajuste ordinario por el costo que tiene, en cambio no incluye la tercerización de servicios mecánicos, lo que hace que los pequeños empresarios se vean afectados, de esto no tienen culpa las empresas más grandes, porque la autoridad reguladora podría definir distintos modelos según la zona donde opere y el tamaño de la empresa.
  3. Costo de regulación. Que un bus de zona rural que hace ₡80.000 un día —entre semana que son los de más alto ingreso— pague lo mismo que un bus que hace ₡400.000 en un día de trabajo u ₡800.000 cuando están en temporada alta, quiere decir que los pequeños estamos subsidiando a los grandes, lo correcto es que el canon sea un porcentaje de los ingresos y así sería más justo, ya que en los costos se considera el mismo porcentaje para ambas empresas.
  4. El transporte pirata. La cantidad de servicios informales y de colectivos de los taxis rojos es tal, que en algunas rutas más del 50% de la demanda se la dejan los piratas, mientras el CTP pide tantas cosas que hacen cada día más costoso trabajar, lo que vuelve más costoso para el usuario viajar en bus.
  5. Beneficios fiscales focalizados. La exoneración en repuestos y llantas es solo para los que pueden importar directamente, cuando un pequeño empresario que compra baterías de dos en dos, llantas justo cuando las va a poner a rodar y repuestos cuando son necesarios, ¿cómo va a poder importar directamente? Esa posibilidad es de muy pocos empresarios, que, de paso, les reconocen los costos como si no fueran exonerados.

Los anteriores son algunos aspectos que han afectado de manera importante a los pequeños empresarios, principalmente de zonas rurales, donde la demanda es poca, sin embargo, se debe cumplir con el 100% de requisitos y pagar exactamente los mismos que paga un bus de la Gran Área Metropolitana.

A esta situación se le debe agregar la incertidumbre, ya estamos a mediados de setiembre y a hoy, continuamos sin saber qué dicen los contratos de concesión, sin saber qué nos van a pedir más, si van ilusamente a exigirnos buses eléctricos o si tan siquiera nos van a renovar la concesión.

La mayoría de empresas pequeñas, si no todas, deben montos importantes a los bancos, esto porque para comprar buses lo normal es tomar un crédito, hoy, con los ingresos que si acaso llegan al 60% de los que tenía el sector en 2019, con costos fijos sin variaciones, con costos variables reducidos en 20% como máximo, estamos inmersos en una ecuación cuyo único resultado es la pérdida, tenemos pérdidas todos los días, mientras los bancos comienzan a ejecutar garantías y perdemos casas de habitación, planteles, etc, sencillamente muchas personas honestas están perdiendo el trabajo de toda una vida, por la negativa a otorgar condiciones ajustadas a la realidad.

El Gobierno realmente no nos quiere ayudar, ni siquiera recibe a pequeños empresarios, se requiere ayuda urgente, no regalías, sino facilidades en créditos, extender vida útil de los buses que han estado parados durante la pandemia y reducciones en los costos para hacer atractivo viajar en transporte público que hoy, producto de todo lo que debemos pagar, es bastante costoso.

Estamos en la mayor crisis del transporte público de la historia del país, posiblemente el 90% de empresas no es sujeta de nuevos créditos por la pandemia, muchas no podrán renovar la concesión por sus deudas con la Caja, no tienen los recursos para pagar a la Aresep, todo esto no porque no quieran, sino porque no hay ingresos para comer y pagar lo que se debe.

Los empresarios de transporte público necesitamos un gobierno valiente que vea más allá de las famosas líneas del tren eléctrico, no porque estemos en contra, sino porque una a una las pequeñas empresas van quebrando, por otro lado, la Asamblea Legislativa tramita el proyecto de ley (expediente 22.519) para la reducción en los marchamos, con dos transitorios que rebajan los costos de regulación para el sector autobusero (que necesariamente impactará las tarifas para beneficio del usuario) y nos ayudará de manera importante, por lo que de parte de muchos pequeños y medianos empresarios agradecemos a las y los diputados que nos quieren dar una mano aprobando este proyecto, realmente lo necesitamos.

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