El Juzgado de Ejecución de la Pena de San José ordenó el cierre a nuevos ingresos en el Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez, con lo cual el país se quedó sin centros penales para hombres con posibilidad de recibir a personas provenientes de celdas judiciales.

Según explicó la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, esta situación límite fue advertida en diversas oportunidades y la orden de cierre llega en momentos en que el CAI San José (ubicado en San Sebastián) dispone de al menos 300 espacios, luego de que fuera sometido a una serie de mejoras, pero sobre él pesa un orden de cierre que no permite utilizar los espacios disponibles.

“Con este cierre llegamos al momento en que no hay un solo centro (para varones) en el país sin cierre judicial. Enfrentamos una situación inédita y muy complicada. Estamos en alerta máxima”, advirtió la jerarca.

La Ministra agregó que del CAI San José se retiró a la totalidad de población sentenciada para abrir espacio a población no indiciada (sin sentencia), y se hicieron mejoras a nivel de infraestructura, pero la orden de cierre sigue vigente.

En las condiciones actuales, en este momento materialmente no tenemos cómo cumplir el mandato de recibir nuevos ingresos. Por un lado, la Sala Constitucional nos ordena recibir a las personas en un plazo de 48 horas; por el otro, las órdenes judiciales nos imponen la obligatoriedad de cumplir con las órdenes de cierre. Si estrangulan al sistema penitenciario, estrangulan a todo el sistema de justicia penal del país. Me preocupa la gente que se está acumulando en celdas judiciales y el trabajo de los cuerpos policiales en la calle. ¿Qué va a pasar cuando no pueda llegar al sistema penitenciario el fruto del trabajo de Seguridad Pública en calle? ¿Cómo se va a sentir la ciudadanía?.

Según el Ministerio de Justicia, la orden judicial que recibieron reconoce las limitaciones que durante décadas viene arrastrando el sistema penitenciario e indica que “cada día con el mismo equipo de trabajo se debe atender a una población penal incrementada sin contar con la infraestructura necesaria”.

También consigna que “el uso excesivo del encierro y la prisión preventiva, así como la ideología punitivista que impera en la gestión carcelaria, son directamente generadores de la gravísima situación”.

El Estado tiene la facultad de determinar su política criminal, pero si opta por mayor control está en la obligación de asumir las consecuencias de esa decisión y asegurar el presupuesto, infraestructura y personal necesario para la administración de las prisiones.