Nos encontramos a vísperas de la campaña electoral y como es lo usual los candidatos políticos empiezan a generar promesas de toda naturaleza y de todo tipo, sin mayor explicación de cómo lograr las mismas. Una de estas promesas es la eliminación de la gran cantidad de impuestos de poca recaudación y la eliminación de exoneraciones.
Efectivamente Costa Rica tiene una larga lista de impuestos que supera los 100, entre ellos impuestos a la exportación de bananos, aduanales, impuestos a los casinos, impuesto al cemento, timbre de vida silvestre entre una larga lista de impuestos.
La Contraloría General de la República ha señalado la necesidad efectivamente de eliminar esta lista enorme de diversos tributos y focalizar los esfuerzos de recaudación en el impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, impuestos que generan la mayor recaudación en el país, hasta ahí parece una promesa deseable que la única manera de llevarse adelante es con acuerdos en la asamblea legislativa que sería el único capaz de eliminar estos impuestos considerando que al ser tributos creados por leyes es mediante una nueva ley que se debe buscar su eliminación, algo complejo considerando la gran cantidad de partidos políticos y el probable fraccionamiento del parlamento.
El otro lado de la moneda de esta promesa son las exoneraciones algo más álgido y complejo de llevar adelante, en principio técnicamente lo más conveniente es que el sistema tributario no tenga una gran cantidad de exoneraciones a fin de lograr una neutralidad sobre los tributos y que sea el estado el que en forma posterior resuelva temas como pobreza, desarrollo de infraestructura entre otros, tema bastante dudoso y precario.
Asimismo, las exoneraciones que son conocidas como gasto tributario usualmente tienen fines específicos por ejemplo la atracción de inversión extranjera en zonas francas o evitar un encarecimiento de servicios turísticos en uno de los países considerados más caros de Latinoamérica, en un informe de la Contraloría General de la República del 2017 encontró que existen 195 leyes que crean exenciones y 264 fundamentos legales que respaldan dichas exenciones.
El asunto con la eliminación de exenciones es que las mismas usualmente están orientadas a sectores específicos que no permitirán la eliminación de estas, pero más allá de las presiones gremiales o de grupos específicos es que antes de la eliminación de la exoneración lo adecuado técnicamente es valorar si los beneficios acarreados por estas exoneraciones supera la eventual recaudación ya que si es así es ilógico pensar en la eliminación de una exoneración.
Por ejemplo, en el indicado informe de la Contraloría encuentra que en las evaluaciones del Ministerio de Hacienda del 2010 al 2017 algunas de estas exoneraciones es importante que se mantengan, por ejemplo, en la exención en la importación de maquinaria y equipo agrícola que representa un gasto fiscal cercano a los 42.411 millones de colones, o la exención a sector energía de cooperativas de electricidad rural y proyectos hidroeléctricos, o la exoneración a la importación de bienes y servicios para el uso de energías renovables y así una lista amplia de exenciones y beneficios que se consideran deben mantenerse por la generación de empleos, elementos de competitiva a nivel nacional o internacional, atención de grupos socialmente vulnerables, etc.
Por lo antes mencionado parece poco probable que esta promesa se cumpla y parece simplemente una promesa sin fundamento, esperemos que en esta oportunidad realmente se creen planes de gobierno con elementos sustentados y posibles de realizar y no se focalicen en el populismo vacío para obtener votos.
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