Por Megan Madrigal A. y Javier Valverde Q. - Estudiantes del Club de Debate
Desde la invención de la rueda, el ser humano se ha visto en una posición de interés hacia la búsqueda de mejoras y alternativas a los medios de transporte tradicionales. De la carreta a la locomotora, de la carabela al barco moderno, y de la carroza al automóvil, existe un patrón consistente en lo que concierne a los avances en este ámbito. Hoy, este interés se centra más en la automatización de los medios de transporte actuales, donde los países de primer mundo poseen las versiones más modernas. En Costa Rica, se lleva ya un tiempo debatiendo sobre la implementación del tren eléctrico para uso del pueblo. A raíz de los hechos recientes relacionados al Covid-19, la oposición al proyecto ha reafirmado su postura al etiquetar el proyecto como innecesario en tiempos de crisis. Si bien es esta una posición coherente y razonable, no se puede ignorar que un proyecto de esta magnitud traerá consigo beneficios al país, como la reactivación económica, la inserción de medios de transporte limpios, y un desplazamiento fluido y barato para uso de la población.
En primera instancia, se reitera que la oposición utiliza la situación pandémica actual como argumento en contra del proyecto. Las repercusiones que ha traído consigo este catastrófico evento a la economía mundial son desastrosas y Costa Rica no es la excepción. Sin embargo, como todo negocio, una inversión es primeramente necesaria para cosechar sus frutos a futuro. El costo del proyecto se estima en ¢1 500 millones, suma que requiere de aprobación de la Asamblea Legislativa. No obstante, su costo es proporcional a la cantidad de empleos que creará, ya que solo su construcción necesitará alrededor de mil doscientos puestos laborales como ingenieros, técnicos y operarios (Canales, 2020).
Por otro lado, se tiene a Costa Rica como actor global en energías renovables. Tan solo en el 2018, Costa Rica llevaba ya cuatro años consecutivos excediendo un 98% de generación de energías renovables (Presidencia, 2018). Por consiguiente, es razonable apoyar un proyecto que camina de acuerdo con los ideales del país. A partir de esto, cabe notar que un pensamiento así no solo es ajeno al interés público del país, sino también uno egoísta, que limita el cambio a bien y solo lleva al estancamiento. A la larga, no solo se espera que este funcione como una alternativa más al transporte dependiente del petróleo, sino también que sirva como ejemplo a países circundantes para adoptar medidas similares.
Como complemento del punto anterior, y uno independiente a su manera, existe un último argumento a favor del proyecto que vale la pena denotar. Conforme el estudio del plan avanza, se tienen mejoras referentes a su construcción y funcionamiento, como el aumento de veinticuatro a cuarenta y dos estaciones a lo largo del país. Esto permitirá, más allá de una mayor gama de posibles rutas para los costarricenses, una reducción en los tiempos de traslado de estos a cualquier rincón del país. Además, se tiene una propuesta coadyuvante al proyecto que pretende implementar nodos intermodales que conectarán con distintas rutas de autobuses (Estrategias y Negocios, 2018), por lo que, además de una mayor agilidad y eficiencia en el transporte, se puede esperar también una forma de trasladarse a zonas alejadas de manera económica. Como resultado de lo expuesto anteriormente, se invita a los costarricenses a apoyar el proyecto y mostrarse dispuestos a escuchar y debatir los motivos por los cuales la implementación de un tren eléctrico en territorio nacional conllevará beneficios económicos, sociales y ambientales.
