La Procuraduría de la Ética Pública anunció este jueves que reclamará 138.950 millones de colones ($2.2 millones) por concepto de daño social, en la causa penal del cementazo que se sigue desde el año 2017, vinculada al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC).
Según un comunicado de la Abogacía del Estado, la entidad se apersonó como víctima al proceso que se sigue bajo el expediente 17-000013-33-PE contra Juan Carlos Bolaños Rojas y otros por el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, y a su vez interpuso una acción civil resarcitoria por el daño social causado con los hechos de corrupción.
Las personas demandadas en este caso son:
- Juan Carlos Bolaños Rojas
- Kendall Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios del BPDC
- Allan Bogantes Brenes, analista de crédito del BPDC
- Ana Laura Suarez Aguiar, esposa de Juan Carlos Bolaños Rojas
- Javier Rojas Segura, gerente de Sinocem
- Rigoberto Delgado Negrini, jefe de División de Banca Institucional del BPDC
- Adolfo Arias Silesky, ejecutivo del BPDC
- José Thompson Camacho, ejecutivo de negocios del BPDC
- Mario Cortés Zúñiga, representante de Sinocem
Como demandados civiles solidariamente responsables también figuran las empresas: Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A.; JCB Constructora y Alquiler S.A; JCB Distribuidora S.A.; y Sinocem Costa Rica S.A.
La audiencia preliminar se realizará en los Tribunales de Goicoechea y se encuentra señalada para dentro de tres meses.
EL CASO
En marzo del 2018, la Fiscalía General informó que según sus pesquisas, Juan Carlos Bolaños solicitó un crédito al Banco Popular por $5 millones, línea de crédito que fue autorizada por la entidad en el 2015, aun cuando no se realizó un análisis de la capacidad de pago, del plan de inversión y de las garantías.
Asimismo, Bolaños justificó al Banco Popular que ese dinero iba a ser utilizado para la compra de cemento procedente de China, pero presentó la misma Declaración Única Aduanera (DUA) con la cual justificó el crédito que le otorgó el Banco de Costa Rica. Las DUA son documentos que se entregan por cada importación que una persona haga, por lo que no puede haber una misma declaración para dos importaciones diferentes.
Según detalló en conferencia de prensa en aquel entonces, la ahora exfiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio; el 26 de abril del 2017 el Banco Popular aprobó una operación de refinanciamiento por un monto aproximado a los $4.5 millones, por el plazo de 15 años, al margen de las alertas que debieron haber impedido un segundo giro de dinero, pues el empresario estaba en mora con el préstamo millonario del 2015.
