La Asamblea Legislativa se estancó en temas de transparencia y apertura parlamentaria, según se desprende de la quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), obteniendo un resultado de 52.1%, lo cuál lo ubica en el segundo lugar entre 13 países de la región (el promedio regional fue de 39.6%).

El informe destaca que “si bien Costa Rica se encuentra en el segundo lugar de la región, es un error leer este Índice en función del posicionamiento relativo con respecto a los demás países. Cualquier índice o instrumento de evaluación debe leerse en términos del puntaje ideal al que este aspira y, en ese sentido, Costa Rica muestra resultados claramente deficitarios al apenas alcanzar un puntaje de 52,1 de 100 posibles.

El ILTL es una evaluación realizada cada dos años por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), que se ha venido aplicando desde el 2015 y que evalúa cuatro dimensiones: Normatividad, Labor del Congreso, Presupuesto y Gestión Administrativa, y Participación Ciudadana.

Dato D+: En el caso de Costa Rica la evaluación estuvo a cargo de las organizaciones ACCESA e IPLEX.

Los resultados de esta ocasión muestran que, luego de avances en años anteriores, la Asamblea Legislativa se ha estancado en términos de transparencia y apertura parlamentaria debido, en buena parte, al poco compromiso de los diputados y diputadas en impulsar normativas largamente postergadas y otras reformas necesarias.

Sin embargo, el informe destaca que en esta ocasión el ILTL “sufrió modificaciones importantes en su contenido y adoptó un estándar más riguroso y estricto, al mismo tiempo que incluyó la medición de nuevos temas, por lo que esto puede explicar la caída porcentual de Costa Rica, ya que ésta se repitió en mayor o menor medida en todos los demás países evaluados”.

En términos generales, el Índice muestra una imagen sombría de la región en lo que a transparencia y apertura parlamentaria se refiere, ya que la media regional es de apenas un 39,6%, siendo Chile el congreso mejor evaluado con un 59,6%, mientras que Venezuela obtuvo el peor puntaje con 16,3%.

Resultados de Costa Rica

Al observar los resultados de Costa Rica, se pueden identificar muchas de las reformas o mejoras que se deben realizar para aumentar el estándar de apertura y transparencia de la Asamblea. Esto se observa de forma más evidente en la dimensión Normativa, que con un 44,3% es una de las más débiles del país.

Entre los pendientes destacan la ausencia de leyes que regulen el lobby, la presentación de declaraciones de intereses, el régimen de sanciones para las faltas al deber de probidad y la obligatoriedad de que los diputados rindan cuentas e informen sobre su gestión.

Dato D+: A pesar de que la actual Asamblea Legislativa aprobó desde el 23 de mayo del 2018 la reforma constitucional para la perdida de credenciales legislativas por faltas al deber de probidad, ninguna de las propuestas de ley necesaria para la implementación de esa reforma constitucional ha logrado ser aprobada.

Tampoco se cuenta con normativa sobre la posibilidad de realizar consultas ciudadanas en torno a proyectos de ley o para impulsar la participación ciudadana de manera sostenida, y si bien la Asamblea cuenta con una Política Institucional de Parlamento Abierto, dos años después de su aprobación todavía no se cuenta con un plan de acción que la haga efectiva.

En la dimensión de Participación Ciudadana, el informe destaca que, aún cuando la Asamblea obtuvo un puntaje de 55,5%, este resultado tiene que leerse con cautela ya que se obtuvieron puntajes negativos en los indicadores enfocados en rendición de cuentas de las y los diputados, involucramiento ciudadano en el proceso legislativo e innovación, áreas que todavía son un gran desafío para la institución.

Las dos dimensiones restantes reflejan resultados opuestos: la Dimensión Labor del Congreso obtuvo la nota más alta para la Asamblea, con un 63,5% mientras que la dimensión Presupuesto y Gestión Administrativa alcanzó el peor resultado para el país, con un 40,2%. No obstante esta diferencia en puntuación, en ambas se destaca una publicación amplia y proactiva de información sobre el funcionamiento de la Asamblea, pero que todavía tiene mucho márgen de mejora en cuanto a la forma en que se presenta y los formatos de apertura de datos utilizados.

El informe señala que, para alcanzar mejoras en temas de transparencia parlamentaria se va a requerir la voluntad política de la propia Asamblea, ya que “muchas de las reformas o mejoras que se deben realizar para aumentar el estándar de apertura y transparencia de nuestro Congreso dependen específicamente de los diputados y diputadas”.