La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) expresó este lunes su oposición pública a un transitorio contenido en el proyecto de ley 22.519, que plantea un rebajo del impuesto a la propiedad de vehículos que se cobra en el marchamo, pero también un descuento del 50% del canon al transporte público regulado para el 2022.
Según dijo el ente regulador, la pretensión de los diputados afecta directamente la fiscalización de la calidad de los servicios públicos, la capacidad técnica de la institución y los servicios que reciben las personas usuarias.
"La Aresep se financia únicamente con el canon que se cobra por sector a los prestadores de servicios regulados, para así cumplir con los objetivos de la ley 7593 y no recibe ningún otro aporte del presupuesto nacional. Una nueva reducción de sus ingresos del sector transporte, que se plantea en este proyecto de ley, provocaría que se dejen de hacer inspecciones de calidad, limitaría la capacidad técnica para realizar fijaciones tarifarias, la atención de denuncias y quejas de los usuarios del transporte público y cumplir con los deberes que la ley otorga a la Aresep para la satisfacción del interés público", dijo la institución.
Aresep recordó que ya en la Ley 9911, de primera rebaja del marchamo, los diputados aprobaron una rebaja del canon regulatorio de autobús y taxi del 50%, lo que implicó una pérdida de ingresos de 2411 millones de colones para Aresep; sumado al descuento del 25% aprobado con la ley 9980 para el año 2020, lo que le restó ingresos por 1641 millones.
Estas reducciones causan perjuicios económicos graves a la operación normal de la Aresep, al disminuir sensiblemente su capacidad operativa y resolutiva, para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley y alcanzar el balance regulatorio que requiere compatibilizar los intereses de los operadores y las necesidades de las personas usuarias.
Aresep estima que de aprobarse el proyecto de ley ahora en discusión en el Congreso, sus ingresos sufrirían una merma adicional de ¢2318 millones por el canon de regulación en el 2022, agravando aún más la situación financiera de la institución, al restar al presupuesto del ente regulador alrededor de ¢7 mil millones en el periodo 2020, 2021 y 2022.
"El único ingreso de la Aresep proviene del pago que hacen los operadores del canon, sin este ingreso no se pueden realizar las tareas encomendadas en la ley, y esto pone en riesgo la protección de los intereses de los usuarios, la independencia y autonomía de la institución", sostuvo la Junta Directiva de la institución.
Aresep impugnó en la Sala Constitucional las leyes 9980 y 9911 que rebajaron sus cánones. En el primero, tramitado en el expediente 20-022275-0007-CO, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que podría haber un vicio de constitucionalidad en la Ley 9911 por una posible arbitrariedad legislativa, calificada de “irrazonable y desproporcionada”. En la segunda acción, la Abogacía del Estado indicó que al aprobar esa ley, la Asamblea cometió “…un vicio sustancial e invalidante…” al no hacer las consultas obligatorias, y por haberse aprobado sin criterios o estudios técnicos que justificaran la medida.
El ente regulador defendió que desde 2016 ha emprendido una política de austeridad que ha reducido el costo de la regulación; al punto de que ahora es el más bajo desde el año 2015, y que por el impacto de la pandemia se redujo el presupuesto en 4000 millones en comparación con el 2020.