La Academia Nacional de Ciencia solicitó este martes que se acelere la vacunación contra la COVID-19 de la población migrante en condición irregular en nuestro país.

Según reza un comunicado enviado a la prensa por parte de la organización:

Para controlar la pandemia por SARS-CoV-2 y garantizar el bienestar de toda la población es fundamental la vacunación del mayor número de personas posible, incluyendo aquellas en condición migratoria irregular. Este grupo constituye un porcentaje importante de la población y es uno de los más vulnerables, debido, entre otras cosas, a sus condiciones socioeconómicas. Negarles la vacuna constituye un problema serio para la salud pública y para nuestro sistema hospitalario. Podría facilitar la transmisión comunitaria, la aparición de nuevas variantes y retardar el objetivo de alcanzar la 'inmunidad de rebaño'".

El tema viene calentando desde hace semanas y se agudizó la anterior, luego de que el diario La Nación publicase una nota en la que señala que tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sostienen que estos ciudadanos solo pueden recibir las dosis "si regularizan su estatus migratorio".

Según los datos oficiales de la Dirección General de Migración Extranjería (DGME) y que el diario recoge, al menos un 10% de la población costarricense es migrante, es decir, alrededor de medio millón de habitantes; sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indica que no es posible determinar cuántas de estas personas están en condición irregular, debido a la naturaleza misma de esta migración.

A esto hay que agregar que a las personas que solicitan refugio en territorio nacional (situación que se ha agudizado en los últimos años con la crisis política de Nicaragua), también se les está negando la vacuna contra la COVID-19 hasta tanto no tenga completamente regularizada su situación migratoria, un trámite que no es para nada rápido.

Por ello la semana anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, señaló que el gobierno analiza, junto con la Cancillería y con Salud, la implementación de plan que esperan anunciar en los próximos días para empezar a vacunar a esta población.

Según el mandatario:

El tema es la problemática documental, pero no puede ser una limitación el tema de derechos humanos. La dirección ha sido tener la ruta de solución a partir del Ministerio de Salud, para que toda la población se pueda registrar.

Con este panorama a cuestas, la Academia Nacional de Ciencia solicitó que se flexibilicen los trámites administrativos en los vacunatorios para esta población, al tiempo que agregaron que:

Hay que asegurarles que su información personal no será compartida con autoridades de migración para que no teman ir a vacunarse.

Para la Academia "Costa Rica se presenta como un abanderado de los derechos humanos y la salud es uno de ellos. De acuerdo con esa política, Costa Rica debe vacunar a las personas en condición migratoria irregular".