El ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, envió un oficio a la Asamblea Legislativa el día de hoy, manifestando su rechazó el expediente 22.519, que tiene por objetivo una reducción al cobro del marchamo del 2022. El proyecto reduce el cobro del impuesto de la propiedad de los vehículos usando la misma escala por valor fiscal aplicada en el marchamo del 2021, y añade una rebaja a los vehículos dedicados al servicio de taxi en el canon regulatorio del Consejo de Transporte Público (CTP) hasta un 50%.

En su oficio dirigido a la presidenta legislativa, Silvia Hernández Sánchez, Villegas les recuerda que el Impuesto a la Propiedad de Vehículos no es un impuesto por circular en las vías públicas sino, como su nombre lo dice, por la tenencia de un vehículo automotor.

Dato D+: El Impuesto a la Propiedad de Vehículos representa casi dos terceras partes (63.8%) del costo total del marchamo.

Adicionalmente, Villegas aseguró que la mayoría de las personas en el país no poseen vehículos automotores y que ese impuesto esta dirigido a las personas con el poder adquisitivo que sí tienen capacidad de tener un vehículo como parte de su patrimonio, por lo que Villegas aseguró que una reducción a este impuesto no sería progresiva, siendo que beneficiaría a aquellos grupos de la sociedad que cuentan con mayor poder adquisitivo.

Villegas añadió que, en los escenarios negociados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se asume que el país contará con todos los ingresos provenientes de los impuestos vigentes, y que más bien, los supuestos acordados con el FMI incluyen un incremento en los ingresos tributarios y no una reducción, por lo que dar una exoneración a los propietarios de vehículos por segundo año consecutivo sería “un gran golpe al proceso de ajuste fiscal”.

Villegas finalizó su carta advirtiendo a la Asamblea Legislativa que “la aprobación de esta reducción al impuesto podría obstaculizar el acuerdo que el país alcanzó con el FMI, ya que resultaría incomprensible que el país, que requiere un ajuste fiscal, en vez de aumentar los ingresos del Estado, los esté disminuyendo”.

El expediente 22.519 fue presentado por la diputada Franggi Nicolás Solano (PLN) desde el pasado 25 de mayo y contó con la firma de apoyo de los independientes Dragos Dolanescu Valenciano, Jonathan Prendas Rodríguez y Erick Rodríguez Steller, así como con los liberacionistas Daniel Ulate Valenciano y David Gourzong Cerdas, y los socialcristianos Shirley Díaz Mejía, María Inés Solís Quirós y Pablo Heriberto Abarca Mora.

El proyecto se encuentra asignado a la Comisión de Asuntos Económicos, pero se encuentra presentada una moción de dispensa de trámite que permitiría un avance expedito al proyecto desde el Plenario Legislativo, pero para su aprobación se requieren 38 votos afirmativos. Villegas le pidió a la Asamblea Legislativa que no apruebe esa dispensa de trámite. Las fracciones del PUSC, PLN y Restauración Nacional, así como los diputados independientes afines a Fabricio Alvarado han manifestado públicamente su apoyo al proyecto, así como a la dispensa de trámites.

La reducción propuesta

El proyecto propone un descuento del 50% sobre el impuesto para vehículos particulares de hasta 7 millones de colones y para vehículos de carga liviana de hasta 15 millones de colones. Mismo descuento tendrán vehículos de carga pesada, busetas, autobuses, turismo, maquinaria agrícola, y otros.

Los vehículos particulares con un valor fiscal de entre 7 a 10 millones de colones tendrán un descuento del 25% en el impuesto a pagar; mientras que los vehículos con valor fiscal de entre 10 a 15 millones de colones pagarán 15% menos.

Al igual que con el marchamo 2021, el proyecto incluye que las exoneraciones aprobadas no aplicarán a ningún vehículo de cualquier tipo, o motocicleta, propiedad personal o de los cónyuges o convivientes, así como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación los miembros de los Supremos Poderes, presidente de la República y vicepresidentes, ministros(as) y viceministros (as), diputados(as), magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones; contralora y subcontralor de la República, procurador y subprocuradora general de la República, Defensora y Defensora Adjunta de los Habitantes, Superintendentes de SUGEVAL, SUGESE, SUPEN, SUGEF; jerarcas y miembros de juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones públicas.

El proyecto también incluye un transitorio para que las tarifas del canon regulatorio que cobrará el Consejo de Transporte Público (CTP) para el 2022 tengan un descuento de 16.79% para operadores (concesionarios o permisionarios), de 16.63% para operadores permisionarios de servicios especiales en sus distintas modalidades y de 50% para operadores (concesionarios o permisionarios) de taxi y SEETAXI; así como una rebaja del 50% del canon para el 2022 que deben cancelar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).