La Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal para que se investiguen los presuntos actos irregulares cometidos en pagos millonarios de la construcción de la carretera a San Carlos, específicamente en el tramo entre Sifón y Ciudad Quesada, conocido como Sifón - La Abundancia.
La denuncia fue presentada por el auditor interno de la institución, Reynaldo Vargas Soto, quien denunció la comisión de los supuestos pagos irregulares en esta obra, sucedidos entre 2005 y 2013.
Según señaló la oficina de prensa del Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la investigación inició luego de que el ministro Rodolfo Méndez Mata y el entonces Director Ejecutivo del Conavi, Mario Rodríguez Vargas, solicitasen una auditoría con el fin de investigar "eventuales conductas que puedan derivar en responsabilidades administrativas o de otra naturaleza" por parte de las personas que laboran o han laborado en el Consejo durante este periodo y referente a esta carretera, así como de particulares y funcionarios de otras instancias externas, involucrados en el asunto.
Así las cosas, en agosto del 2018 el Conavi inició un auditoraje técnico en el que participaron funcionarios del Consejo y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con el fin de verificar los trabajos realizados y los pagos efectuados sobre ellos durante este periodo de 13 años.
"Tras conocer los hallazgos, es que el Consejo de Administración toma el acuerdo de recurrir a la Auditoría para que investiguen" en el Ministerio Público, sostuvo el MOPT.
De ahí es de donde ahora se desprende el oficio AUOF-07-2021-0269(221) emitido por la Auditoría este mes de agosto, en el que la instancia informó al MOPT que:
Se comunica al Órgano Colegiado que de conformidad con las potestades que confiere la Ley General de Control Interno a esta Auditoría, se presentó al Ministerio Público la denuncia AUDP-01-2021-0001(346) por presuntos actos irregulares cometidos durante la ejecución de la contratación “Construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección Sifón- Ciudad Quesada (La Abundancia)”.
A su vez, el jerarca Rodolfo Méndez Mata señaló que:
Ante los hallazgos de posibles e inquietantes irregularidades, se decide promover una investigación para definir eventuales responsabilidades administrativas o de otra naturaleza que puedan recaer sobre funcionarios o particulares que tuvieron a cargo la ejecución de ese proyecto. Confiamos en que las autoridades competentes lleguen a sentar las responsabilidades de quienes hayan llegado a cometer actos contrarios al marco legal que rige en nuestro país. Este proceso de investigación y denuncia, iniciado y apoyado por el Consejo de Administración y este Ministro respalda de manea clara que la decisión adoptada en agosto del 2018 de no continuar con el contrato de construcción del tramo Sifón- La Abundancia, fue absolutamente la correcta”.
La construcción de este tramo ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en los últimos años pues, a pesar de las advertencias y cuestionamientos, durante más de una década el Estado siguió pagando por esta obra cuyo objetivo es unir a San Carlos con el corredor vial San José – San Ramón.
Así las cosas, y en el plazo señalado, el proyecto pasó de costar $68 millones en 2005 a más de $300 millones cuando empezaron a prenderse las alarmas.
Por estas mismas irregularidades, en enero de 2018, la dirección del Conavi ordenó la separación de los funcionarios encargados de la unidad ejecuta de este proyecto, debido a las denuncias realizadas en ese momento por el exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Javier Cambronero Arguedas, quien solicitó la intervención del asunto señalando un manejo presupuestario ineficiente y una fiscalización inadecuada en la carretera, elementos también avalados por la Contraloría General de la República (CGR).
La empresa adjudicataria de este proyecto fue la Constructora Sánchez Carvajal a quien el MOPT le suspendió el contrato en 2018, luego de las irregularidades denunciadas.
Esta causa ya ha llegado a la Fiscalía y al Ministerio Público en diversas ocasiones en el pasado pero a solicitud de la Fiscalía Adjunta encargada de la investigación, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ha desestimado las causas penales, según informó el Semanario Universidad, justo el día de hoy.
La iniciativa de esta carretera nació hace más de cuarenta años debido a la necesidad de los vecinos de concretar esta conexión cantonal, pero no fue sino hasta el 2005 y a partir de una donación de Taiwán que se puso en marcha.
Hoy, y tras el sinfín de denuncias que señalan mala planificación, falta de estudios técnicos, obras de mala calidad, despilfarro de recursos, sobreprecios en materiales y otras supuestas irregularidades, la obra sigue inconclusa.
