El Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José condenó a tres funcionarios públicos del Consejo Seguridad Vial (Cosevi) de la zona de Pérez Zeledón, al declararlos culpables de ejecutar cobros por las pruebas prácticas de licencia.
La sentencia se dictó el pasado viernes 13 de agosto y corresponde a hechos que tuvieron lugar entre diciembre de 2010 y mayo del 2011, según informó el Ministerio Público este miércoles.
El Tribunal Penal acreditó que los funcionarios, valiéndose de su cargo de evaluadores de las pruebas prácticas de manejo del Cosevi y abusando de sus funciones, indujeron de forma indebida a usuarios del servicio, a darles un beneficio patrimonial ilegal o dádivas, con el fin de que pudieran aprobar la prueba de manejo.
A los imputados de apellidos Calderón, Arrieta y Vargas, se les declaró culpables por el delitos de cohecho propio en perjuicio de los deberes de la función pública. Además a los tres, se les impuso la sanción de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos y empleos públicos por el término de 10 años.
Al imputado de apellido Vargas se le condenó por tres delitos de cohecho propio y se le estableció una pena de 2 años de prisión por cada uno de los delitos, para un total de 6 años de prisión, la cual deberá descontar bajo arresto domiciliar con monitoreo electrónico.
En el caso de los funcionarios de apellido Calderón y Arrieta se les declaró autores responsables de un delito de cohecho propio y se les impuso la pena de dos años de prisión y por cumplir con los requisitos legales se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por el término de tres años, la cual será revocada si la persona comete otro delito doloso sancionado con prisión mayor a seis meses, durante este proceso de prueba.
En la causa figuraba otra imputada de apellido Barboza a quien se le declaró autora responsable de un delito de penalidad de corruptor, en la modalidad de cohecho propio y se le impuso una sanción de dos años de prisión, que descontará bajo el beneficio de ejecución condicional de la pena por el término de tres años.
