Una auditoría especial de la Contraloría General de la República (CGR) levantó alarmas sobre la capacidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular (RTV) cuando venza la concesión, en julio de 2022, con el Consorcio Riteve-S y C.

Según informó el ente contralor, el fin de su auditoría era analizar las acciones realizadas por el MOPT-Cosevi, en relación con la planificación de la estrategia para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de inspección técnica vehicular; si cumple con el marco contractual, legal y normativo así como de buenas prácticas aplicables, en procura de mejorar su desempeño y generar valor público.

La Contraloría halló que no se cuenta con una estrategia oficial, documentada, que incorpore elementos básicos de planificación como objetivos, metas, indicadores, cronograma actualizado, recopilación de datos u otros que la Administración considere incorporar, para el seguimiento, monitoreo y control de todas las acciones necesarias y así garantizar la continuidad de la prestación del servicio público.

Además, se determinó que no se cuenta con una valoración de los riesgos según las acciones a ejecutar, que permita la identificación de eventos potenciales adversos, así como acciones derivadas a minimizar sus efectos, en caso de materializarse.

"Una adecuada valoración de riesgos permite que las instituciones identifiquen, en este caso en la ejecución de la estrategia, el nivel en el cual se encuentran, y con base a ello, adoptar métodos sistemáticos de uso continuo a fin de analizarlos y administrarlos, aspecto que contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos, esto de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable", dice el informe.

El MOPT le dijo a la Contraloría que el contrato de concesión estipula que el servicio debe mantenerse vigente hasta la entrada en funcionamiento de un nuevo prestatario, por lo que la continuidad estaba asegurada; sin embargo, la CGR desestimó ese alegato al señalar que la vigencia del contrato está pactada y definida y es de 10 años a partir del inicio de operaciones con una única prórroga de 10 años adicionales, siendo su vencimiento definitivo el 15 de julio del año 2022.

La auditoría también detectó que el MOPT-Cosevi no ha incorporado una planificación del cierre contractual dentro de la estrategia para garantizar la continuidad de los servicios.

"Particularmente, no se ha incorporado dentro de las actividades un marco de acción para la recepción y gestión de los activos que actualmente son propiedad del prestatario del servicio de inspección técnica vehicular y que se encuentran en uso, los cuales con la conclusión del contrato en julio del año 2022, deben pasar a propiedad del Estado, esto según lo establecido en las cláusulas contractuales 7 y 12.6 del contrato", dice el informe.

Asimismo, se afirmó que no se cuenta con fechas establecidas para la verificación in situ, en consideración al cierre contractual, del estado físico y operativo del equipo, así como de la vida útil y validaciones ambientales de cada uno de estos equipos; y que el MOPT-Cosevi no ha establecido la totalidad de la información que se requiere para la definición del modelo de prestación de servicios que se ejecutará.