Las noticias y las investigaciones recientes sobre aparentes delitos de alta complejidad relacionados con corrupción, tráfico de influencias, así como la supuesta intromisión del narcotráfico en la Asamblea Legislativa y gobiernos locales, nos dejan a la ciudadanía con un sinsabor, una decepción y una frustración enormes, las cuales se acrecientan en momentos donde miles de personas la pasan realmente mal, por situaciones sociales y económicas agravadas por la pandemia, mientras vemos que otros la pasaban o la siguen pasando, realmente bien a costa de la Hacienda pública.

Sin embargo, esta coyuntura trágica y decepcionante puede convertirse en un nicho de oportunidad para mejorar. Sí, por iluso que parezca, puede ser la oportunidad para que esta o la próxima Asamblea Legislativa, realicen los urgentes cambios constitucionales, legales y reglamentarios que hace décadas se tuvieron que haber realizado.

Claro, los cambios son tan estructurales, que debemos pensar en reformas constitucionales y a la Ley Orgánica de Poder Judicial, para garantizar mayor transparencia en quienes aplican la ley, cambios en los mecanismos de elección de las Magistraturas de este Poder de la República y urgente reingeniería en la Fiscalía General; mayores controles y mecanismos de fiscalización en materia de contratación pública y un sinfín de áreas más que mejorar.

No obstante, los primeros grandes cambios deben darse en el seno del propio Poder Legislativo: máximo órgano político de representación popular y encargado de promulgar, reformar o derogar las normas constitucionales y legales en el país. Es impensable pretender una reforma integral para combatir el flagelo de la corrupción y el narcotráfico, si no se inicia por la misma Asamblea Legislativa.

Incluso, pasando por el mismo mecanismo constitucional para la elección de las personas que asumen las diputaciones. Las listas cerradas que suministran los partidos políticos son rígidas, nada transparentes y poco representativas. Quizás la persona a la que queremos apoyar va en un tercer o cuarto lugar y para conseguir que resulte electa, debemos aportar votos, aunque los demás candidatos no sean de nuestro agrado.

Tuvimos la oportunidad de avanzar con el Expediente 20.127 propuesto por el grupo Poder Ciudadano ¡Ya! y presentado a la corriente legislativa por 14 diputadas y diputados del periodo anterior, pero lamentablemente no hubo voluntad para que se aprobara y terminó archivado por vencimiento de plazo cuatrienal en octubre del año pasado. Pero ahí está la propuesta y puede servir de base para una nueva iniciativa.

Igualmente, en materia de regulación y sanción de faltas al deber de probidad por parte de las diputadas y diputados de la República, se han presentado varias iniciativas, unas mejores que otras y que también pueden servir de base. Ejemplos encontramos en los Expedientes 19.267, 19.439, 21.515 y 22.226.

Mientras que, uno de los temas más relevantes, es la regulación del cabildeo o lobby en la función pública y especialmente en el Congreso. Sin satanizar ni desprestigiar los legítimos intereses que los distintos sectores sociales, económicos, políticos, productivos, académicos, ambientales y culturales puedan tener sobre temas de interés nacional, lo cierto es que la actividad debe estar regulada para garantizar transparencia y ahí, podemos consultar algunas otras iniciativas de ley, la mayoría ya archivadas, que también nos pueden marcar una senda de cómo abordar el tema. A saber, los expedientes legislativos 19.251, 19.782, 21.346 y 21.532.

Por ejemplo, aunque no tiene nada que ver con delitos de corrupción, narcotráfico, tráfico de influencias y delitos conexos, al menos hay una voluntad legislativa para que el próximo 28 de julio el Plenario Legislativo entre al conocimiento del Expediente 21.372, “Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas”, con el fin de erradicar esta práctica nociva e ilegal en las relaciones laborales y personales en el Congreso.

Al igual que otros temas, donde las diputadas y diputados deben estar sujetos a regulaciones, como el resto de la administración pública y el sector privado, como son los casos del acoso laboral, donde hay avances significativos que deben aprobarse cuanto antes para contar con esta legislación como los que propone el expediente 20.873; o también, en materia de lucha contra la violencia política contra las mujeres, contenidos en el expediente 20.308.

Lo anterior, no pretende ser un listado exhaustivo ni de temas, ni de proyectos de ley, sino solamente una referencia a las grandes áreas de mejora en materia de ética, probidad y transparencia en las que se debe avanzar. Existirán otros temas y otros expedientes, pero la cuestión aquí que realmente importa, es que debemos avanzar como país en estos temas desde la misma Asamblea Legislativa.

Incluso, con algunos grandes cambios que no requieren legislación y que resultan sumamente importantes en esta línea, como por ejemplo el acceso público a la agenda oficial actualizada por día de las diputadas y diputados en página web legislativa, espacio que existe actualmente en la plataforma tecnológica, como puede verificarlo hoy cualquier persona, pero que no es utilizado por las diputadas y diputados. Con lo cual, la ciudadanía y la prensa, ignoran el registro de las actividades oficiales, giras y las reuniones que mantienen sus representantes en caso de querer consultarlos cualquier día y a cualquier hora, sin esperar a que la diputada o el diputado desee comunicar por sus redes sociales o algún otro medio, cuáles actividades informa y cuáles no.

Finlamente, si bien el control político y la creación de comisiones legislativas de investigación son facultades que tiene la Asamblea Legislativa contenidas en la misma Constitución Política, estas deben ser herramientas usadas con inteligencia y estrategia para obtener resultados efectivos.

El abuso en la creación de comisiones investigadoras desperdicia tiempo y recursos públicos, mientras crea falsas expectativas en la ciudadanía, para terminar sin resultados concretos.

El fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática requiere acciones concretas. No discursos vacíos, ni declaraciones de buenas intenciones y menos aún, cortinas de humo que desvíen la atención a otro lado, sin que se resuelvan primero los grandes problemas estructurales.

El punto está en la presión que podamos ejercer como ciudadanía, para que estos urgentes cambios se realicen cuanto antes. No podemos permitir más impunidad, más opacidad y más ilegalidad.

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