• La Asociación Costa Rica Íntegra hizo un llamado para promover proyectos de ley sobre anticorrupción en la agenda legislativa, además de impulsar la participación ciudadana.

Ante el caso Cochinilla, el más reciente escándalo de corrupción de Costa Rica, la Asociación Costa Rica íntegra (CRÍ) hizo un llamado urgente a las autoridades para promover y reforzar las iniciativas de lucha contra este delito en el país.

Evelyn Villarreal, Presidente de Costa Rica Íntegra, señaló que "los escándalos de corrupción pueden impulsar reformas importantes que han sido postergadas", y es por eso que:

Desde la Asociación Costa Rica Íntegra insistimos en retomar iniciativas que han esperado por mucho años, y sobre todo impulsar aquellas vigentes en este momento pero que requieren de un mayor compromiso gubernamental, y participación de la ciudadanía”.

En el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC, 2020) los resultados mostraron que Costa Rica se encuentra atrasada en 57 puntos sobre 100.

Para Costa Rica Íntegra las causas de ese estancamiento son diversas pero se deben principalmente a la falta de continuidad en las iniciativas, pues aunque algunas instituciones cuentan con proyectos valiosos, estos son fragmentados y de poco impacto, dada la ausencia de una estrategia nacional integral y capacidades humanas y financieras escasas.

Por eso la asociación señaló una larga lista de espera  de proyectos que pueden tener un alto impacto en la lucha contra la corrupción y que se encuentran varados en la agenda legislativa.

Para enumerar algunos, la asociación mencionó el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el proyecto de regulación del Lobby, el reglamento para la aplicación de sanciones por faltas a la ética de los diputados y diputadas y el de la obligatoriedad de las resoluciones de la Procuraduría de la Ética, entre otros.

En la agenda gubernamental, la asociación solicitó que el Ejecutivo ponga prioridad a la implementación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) que consiste en un esfuerzo multisectorial por medio del cual, por primera vez, el país contará con una definición en el corto, mediano y largo plazos de acciones normativas, políticas, institucionales, procedimentales y culturales que permitan combatir frontalmente la corrupción y reducir los daños a la gobernanza democrática y a los derechos humanos de la población.

En el marco de estos esfuerzos, la Asociación sugirió establecer una entidad pública que lleve el liderazgo en la prevención de la corrupción, que tenga capacidad técnica, competencia legal y los recursos necesarios para la elaboración e implementación de políticas nacionales. Este es un pendiente exigido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

Andrés Araya, Director Ejecutivo de Costa Rica Íntegra, sostuvo que:

Por la naturaleza del caso Cochinilla, debe ponerse más atención a las recomendaciones generadas en el reciente informe de Transparencia en el Sector Construcción (CoST), que reclama definir y ejecutar un marco normativo específico, que promueva la transparencia y el fácil acceso de sociedad civil a la información en el sector de infraestructura”.

Además, la CRÍ en un comunicado de prensa señaló que:

Es urgente que las instituciones públicas rindan cuentas de las obras que ejecutan, asimismo, publiquen la información sobre los proyectos siguiendo un estándar de datos que reúna mejores prácticas. La prioridad debe ser fortalecer la trazabilidad de los recursos, dar seguimiento y fomentar la transparencia en los procesos".

Finalmente, Evelyn Villarreal, enfatizó en la importancia de incluirse mecanismos de participación ciudadana en los procesos de compras públicas:

Hay evidencia de que, instrumentos como las veedurías ciudadanas, los pactos de integridad o auditorías ciudadanas son eficaces preventivos contra los actos de corrupción. Muchos de estos no requieren modificaciones legales para utilizarse en proyectos concretos a nivel local o nacional”.

Costa Rica Íntegra (CRÍ) es una organización sin fines de lucro creada en abril de 2012, cuya naturaleza es ser una organización nacional, independiente e imparcial en relación con otras instituciones e instancias, tanto públicas como privadas y eminentemente apartidista. CRÍ se dedica a impulsar, desde la sociedad, un sistema nacional de integridad: Transparencia, Probidad y Anticorrupción (TAP).