Tras el bloqueo de la semana pasada por el escándalo político desatado por el nombramiento de Ottón Solís en la OCDE y la desmejora en el estado de salud del diputado Rodolfo Peña, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo debate, el acuerdo entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le dará al país $1778 millones de dólares destinados al pago del servicio de la deuda y al abono de la histórica deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El proyecto, tramitado bajo el expediente 22.433, recibió 44 votos a favor (seis más de los que necesitaba) y 7 en contra, estos últimos provenientes de diputados del PIN, PLN, PUSC, FA, PRN e independientes.
De los recursos que recibirá el país, 1600 millones de dólares deberán utilizarse exclusivamente en el pago del servicio de la deuda, sustituyendo la fuente de financiamiento del gasto autorizado en el Presupuesto de la República y disminuyendo la respectiva emisión de títulos valores de deuda interna del presupuesto vigente.
Los 177 millones de dólares restantes deberán ser transferidos por el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), proporcionalmente a los desembolsos del financiamiento autorizado, como aporte a las deudas identificadas y conciliadas con esa institución para amortizar a la deuda del Estado con la CCSS.
El desvío o la utilización de los recursos de este crédito para fines distintos de los expresamente autorizados será sancionado según lo indicado en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y, además, constituirá el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 363 del Código Penal.
Según dispuso el Congreso, los recursos autorizados por este financiamiento se incorporarán al Presupuesto de la República, mediante la aprobación de presupuestos extraordinarios autorizados por la Asamblea Legislativa.
En cada presupuesto extraordinario que incorpore los recursos autorizados del FMI, el Ministerio de Hacienda deberá reducir, de manera equivalente a los recursos incorporados, la autorización para emitir títulos valores de la deuda interna.
Además, los ahorros generados por la aplicación de esta ley no podrán ser utilizados en nuevos gastos y deberán ser eliminados del Presupuesto de la República.
El crédito equivale en dólares a 1237 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). La DEG es una demanda potencial sobre las monedas libremente utilizables de los miembros del Fondo Monetario Internacional.
La tasa de interés será anual, conformada por la tasa de interés de los DEG más 2 puntos porcentuales. La tasa estimada actualmente es 2,050% al año.
El crédito tendrá un plazo de hasta 10 años, tendrá un periodo de gracia de cuatro años y el periodo para pagarlo será de 6 años, mediante tractos semestrales. El FMI hará los desembolsos en un plazo de tres años; tiene una comisión de hasta 0.30% anual del monto programado a desembolsar en el período, que se reembolsará si se gira el monto durante el período; y un cargo por servicio de 0,50% sobre el monto desembolsado.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, celebró la aprobación dada por el Congreso y afirmó que se trata de un paso fundamental hacia la sostenibilidad fiscal y la reactivación económica.
Como lo he manifestado en otras oportunidades, el convenio con el FMI representa un ‘sello de confianza’ de ese organismo sobre las políticas macroeconómicas y financieras. Como tal, esta aprobación permitirá reducir los costos de financiamiento que enfrentan el gobierno, los hogares y las empresas, y apuntalar las expectativas de los agentes económicos. Ello, a su vez, incidirá de manera positiva en el crecimiento económico, el empleo y el bienestar.
PLN retira firmas a la moción de censura
Luego que Ottón Solís renunciara al cargo de embajador y representante permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la fracción del Partido Liberación Nacional retirará las firmas de la moción de censura que habían presentado contra el gabinete del presidente Carlos Alvarado Quesada.
Según informó la jefa del PLN, María José Corrales Chacón, tras discutirlo a lo interno de la fracción determinaron retirar las firmas para que la moción no se conozca este martes, dada la "pérdida de vigencia del tema" por la renuncia de Solís, y por la necesidad de maximizar el tiempo legislativo en el avance de la discusión de otros proyectos en agenda.
Esta situación no exime el llamado de atención sobre la pésima forma en que procedió en este caso. Estaremos atentos a quién designe el gobierno como representante en el organismo y que cumpla con lo fijado por la ley.
La moción la firmaban 13 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), incluida la presidenta del Congreso; dos diputados del Partido Integración Nacional (PIN), dos del Partido Restauración Nacional (PRN), un diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), un diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y tres diputados independientes.
La censura tiene como base el artículo 121 inciso 24 de la Constitución Política y recaería contra:
- Ministra de la Presidencia: Geannina Dinarte Romero
- Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: Rodolfo Solano Quirós
- Ministro de Hacienda: Elián Villegas Valverde
- Ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía: Michael Soto Rojas
- Ministra de Justicia y Paz: Fiorella Salazar Rojas
- Ministra de Educación Pública: Guiselle Cruz Maduro
- Ministro de Obras Públicas y Transportes: Rodolfo Méndez Mata
- Ministra de Economía Industria y Comercio: Victoria Hernández Mora
- Ministro de Agricultura y Ganadería: Luis Renato Alvarado Rivera
- Ministro de Salud Pública: Daniel Salas Peraza
- Ministra de Trabajo y Seguridad Social: Silvia Lara Povedano
- Ministra de Cultura y Juventud: Sylvie Durán Salvatierra
- Ministra de Planificación Nacional y Política Económica: Pilar Garrido Gonzalo
- Ministra de Ambiente y Energía: Andrea Meza Murillo
- Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos: Irene Campos Gómez
- Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones: Paola Vega Castillo
- Ministro de Comunicación: Agustín Castro Solano
- Ministro de Turismo: Gustavo Segura Sancho
- Ministro de Deporte y la Recreación: Karla Alemán Cortés
- Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social: Juan Luis Bermúdez Madriz
- Ministra de la Condición de la Mujer: Marcela Guerrero Campos
- Ministra de la Niñez y la Adolescencia: Gladys Jiménez Arias
La moción de censura, para ser aprobada, requiere el voto afirmativo de dos terceras partes de los diputados presentes al momento de la votación. A diferencia de lo que ocurre en países con regímenes semi-parlamentarios, la censura del Congreso a un ministro de Estado no tiene efecto jurídico en Costa Rica.
En la historia del país, solo Juan Diego Castro Fernández como ministro de Justicia de la administración Figueres Olsen, ha sido censurado por la Asamblea Legislativa.
¿Quiénes firmaron la moción?
- Paola Valladares Rosado, PLN
- Wágner Jiménez Zúñiga, PLN
- Daniel Ulate Valenciano, PLN
- Jorge Luis Fonseca, PLN
- Luis Antonio Aiza, PLN
- Roberto Thompson Chacón, PLN
- Ana Lucía Delgado, PLN
- Silvia Hernández Sánchez, PLN
- Yorleny León Marchena, PLN
- Aida María Montiel Hector, PLN
- María José Corrales Chacón, PLN
- Luis Fernando Chacón Monge, PLN
- Carlos Ricardo Benavides, PLN
- Walter Muñoz Céspedes, PIN
- Patricia Villegas Álvarez, PIN
- Carlos Avendaño Calvo, PRN
- Eduardo Cruickshank Smith, PRN
- Otto Roberto Vargas Víquez, PRSC
- Pablo Heriberto Abarca Mora, PUSC
- Jonathan Prendas Rodríguez, Independiente
- Erick Rodríguez Steller, Independiente
- Zoila Volio Pacheco, Independiente








