El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo debate, el acuerdo entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le dará al país $1778 millones de dólares destinados al pago del servicio de la deuda y al abono de la histórica deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El proyecto, tramitado bajo el expediente 22.433, fue presentado por el Ejecutivo el 10 de marzo de este año y recibió 44 votos a favor y 7 en contra; para la aprobación final se requerían al menos 38 votos a favor.
La votación afirmativa ocurrió luego que Ottón Solís Fallas renunciara a su cargo de embajador y representante permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Su designación generó un terremoto político en Cuesta de Moras, donde se advirtió al Gobierno que no se aprobaría este crédito hasta tanto no se revirtiera ese nombramiento.
De los recursos que recibirá el país, 1600 millones de dólares deberán utilizarse exclusivamente en el pago del servicio de la deuda, sustituyendo la fuente de financiamiento del gasto autorizado en el Presupuesto de la República y disminuyendo la respectiva emisión de títulos valores de deuda interna del presupuesto vigente.
Los 177 millones de dólares restantes deberán ser transferidos por el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), proporcionalmente a los desembolsos del financiamiento autorizado, como aporte a las deudas identificadas y conciliadas con esa institución para amortizar a la deuda del Estado con la CCSS.
El desvío o la utilización de los recursos de este crédito para fines distintos de los expresamente autorizados será sancionado según lo indicado en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y, además, constituirá el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 363 del Código Penal.
Según dispuso el Congreso, los recursos autorizados por este financiamiento se incorporarán al Presupuesto de la República, mediante la aprobación de presupuestos extraordinarios autorizados por la Asamblea Legislativa.
En cada presupuesto extraordinario que incorpore los recursos autorizados del FMI, el Ministerio de Hacienda deberá reducir, de manera equivalente a los recursos incorporados, la autorización para emitir títulos valores de la deuda interna.
Además, los ahorros generados por la aplicación de esta ley no podrán ser utilizados en nuevos gastos y deberán ser eliminados del Presupuesto de la República.
El crédito equivale en dólares a 1237 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). La DEG es una demanda potencial sobre las monedas libremente utilizables de los miembros del Fondo Monetario Internacional.
La tasa de interés será anual, conformada por la tasa de interés de los DEG más 2 puntos porcentuales. La tasa estimada actualmente es 2,050% al año.
El crédito tendrá un plazo de hasta 10 años, tendrá un periodo de gracia de cuatro años y el periodo para pagarlo será de 6 años, mediante tractos semestrales. El FMI hará los desembolsos en un plazo de tres años; tiene una comisión de hasta 0.30% anual del monto programado a desembolsar en el período, que se reembolsará si se gira el monto durante el período; y un cargo por servicio de 0,50% sobre el monto desembolsado.
