58 de los 67 demócratas integrantes de la Cámara de Representantes de Texas huyeron del Estado republicano para impedir que el Congreso local apruebe una ley que restringiría el derecho al voto de poblaciones vulnerables o históricamente discriminadas, como las personas con discapacidad y los hispanos.
Se trata de una estrategia de boicot que no había sido usada desde la administración de George W. Bush y que empezó cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, convocó a los congresistas estatales a una sesión legislativa especial para tramitar y votar el proyecto de ley de modificación a la legislación electoral.
Ello llevó a la gran mayoría de representantes demócratas a "huir" a Washington D.C. en dos vuelos chárter el lunes por la noche, dejando al congreso local sin el quorum necesario de al menos 100 diputados para poder sesionar.
Los republicanos y los pocos demócratas que se quedaron en el Estado asistieron a una sesión donde se aprobó, por 76 votos a favor y 4 en contra, ordenar al Sargento de Armas de la Cámara para que tome las medidas necesarias para garantizar que todo congresista -que no tenga una excusa de ausencia válida-, esté presente en el salón de sesiones; incluida la emisión de órdenes de arresto.
El gobernador de Texas afirmó que cuando los demócratas vuelvan al Estado serán arrestados y llevados por la fuerza al Congreso estatal para que cumplan con su deber; y que aún si esta legislatura se debe cerrar (con el consecuente desecho de las iniciativas en trámite que no pudieron aprobarse), volverá a convocar a cuantas sesiones especiales sean necesarias de aquí hasta las elecciones del 2022.
Los demócratas no escogieron Washington D.C. por casualidad: las fuerzas del orden de Texas, incluidos los Rangers, tienen jurisdicción allí, por lo que prometieron quedarse en la capital cuanto tiempo sea necesario "para defender la democracia". Además, la movida tiene como fin enviar un mensaje a los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos para que aceleren la aprobación de una ley federal que impediría a los estados como Texas promulgar reformas que limiten el derecho al voto de sus ciudadanos.
Aunque una docena de estados gobernados por republicanos han aprobado leyes para restringir el derecho al voto tras la derrota de Donald Trump en las presidenciales del 2020, la legislación propuesta en Texas se encuentra entre las primeras de la lista de las más radicales a la hora de imponer sanciones y restricciones al derecho de votar.
Por ejemplo, la reforma haría casi imposible expulsar a un observador electoral partidista que acose o intimide a los votantes, o incurra en actos de sabotaje del proceso. Además, impone sanciones civiles y penales consideradas draconianas por faltas consideradas benignas, o no consideradas faltas del todo en la actualidad.
El medio estadounidense Vox puso el ejemplo de un hombre de 62 años que está siendo procesado penalmente por haber votado meses antes de que su derecho a votar se restableciera tras expirar su periodo de libertad condicional. Con la legislación propuesta, esta persona podría ser condenada a pasar 20 años en prisión
Los demócratas en fuga prometieron quedarse cuanto tiempo sea necesario. Sus gastos en Washington están siendo financiados por donantes partidarios y al menos dos congresistas llevaron a sus hijos para evitar tener que regresar al Estado y que ello sea aprovechado para ser llevados por la fuerza para constituir el quórum de ley.
