La doctora Patricia Vargas González, candidata a magistrada suplente para la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pidió a la presidenta del Congreso, Silvia Hernández Sánchez, ser excluida del proceso actual para designar a los suplentes de la Sala de Casación Penal. 

En una contundente carta de dos páginas Vargas reprochó que, según se dio a conocer en medios de comunicación, los diputados están prevaleciendo el criterio político al cobrarle "la cercanía" con el exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, a pesar de que ella fue la candidata con la nota más alta en la revisión de atestados para ocupar el cargo en la Corte Suprema.

Vargas afirmó que ella no solo fue letrada de Arroyo, sino también de muchos otros magistrados y magistradas, incluso antes de la llegada del susodicho a ese despacho.

Me parece simplemente atroz que no sean mis atestados, mi formación académica o profesional, mi honradez o mi trabajo lo que determine si soy apta o no para el puesto que he concursado, sino el hecho de haber trabajado con alguien que no es del agrado de los y las diputadas por razones que no me atañen de ninguna manera.

La jurista afirmó que esta es la quinta vez que en esta legislatura somete su nombre a consideración del Congreso para el cargo de magistrada: una vez para ocupar una plaza como propietaria de la Sala Constitucional; tres para hacerlo como propietaria de la Sala Tercera y ahora para ocupar el cargo de magistrada suplente del órgano de casación. En todos los concursos, siempre fue la que recibió la mejor calificación en atestados, pero nunca fue elegida por los diputados.

"Entiendo perfectamente que la selección de magistraturas tiene un componente político pues son los diputados quienes eligen y está bien que sea de esa manera. Sin embargo, es lamentable que, dada la opacidad del proceso, se permita la entrada de especulaciones que no tienen nada que ver con las condiciones de las personas candidatas para desempeñar el cargo y sobre las cuales estas ni son interrogadas, ni se les permite dar explicaciones, bastando lo anterior para ser descalificadas", señaló Vargas.

De nuevo, no tener la confianza del parlamento por “la cercanía” a un exmagistrado —como si yo no fuese una persona que se ha formado durante décadas para desempeñar un cargo; que ha dado muestras de independencia en lo personal y en lo laboral y que ha tenido (para aquellos diputados y diputadas a quienes les preocupa esto solamente) cercanía, como letrada, con otros magistrados y magistradas además del señor Arroyo Gutiérrez— es inaceptable desde todo punto de vista.

Por todo lo anterior, y una vez revelado que los diputados "le cobran" haber sido letrada del exmagistrado Arroyo, Patricia Vargas decidió retirar su nombre de este y los próximos concursos para magistraturas suplentes de la Sala Tercera, al afirmar que tiene certeza de que mantenerlo carece de todo sentido y supone legitimar un trámite que es imperativo corregir.

Con todo respeto le pido ser excluida del concurso que está en marcha. Mantengo la esperanza, eso sí, de que en un futuro próximo la Asamblea Legislativa y sus miembros puedan avanzar hacia un proceso de selección del gobierno judicial que esté sometido a los más altos estándares de objetividad, transparencia y escrutinio público.