La Sala Constitucional falló a favor de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera que reclamó vía recurso de amparo que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no les diera respuesta a sus solicitudes de información en relación a la propuesta 30x30, lanzada en enero de este año por el Gobierno de la República. El recurso de amparo fue interpuesto por Marco Seas Sosa, presidente de la cámara.

La iniciativa 30x30 fue anunciada inicialmente por el presidente Carlos Alvarado Quesada en setiembre del 2019 y buscaba impulsar un acuerdo internacional por la naturaleza que permitiera proteger el 30% del planeta para el año 2030.

Y fue en enero de este año que se dio el lanzamiento de la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas (HAC por sus siglas en inglés), iniciativa liderada por Costa Rica y Francia —y la participación del Reino Unido como colíder en temas marítimos—.

Según informó en ese momento la Cancillería, la HAC agrupaba 50 países de todos los contenientes y uno de sus objetivos centrales es alcanzar el acuerdo global para proteger un mínimo del 30% de la superficie terrestre y marítima en la próxima reunión de la Convención para la Diversidad Biológica que se celebrará este año en Kunming, China.

Tras el anuncio de esta iniciativa, representantes del Sector pesquero realizaron el 4 de marzo al viceministerio de Aguas y Mares del Minae las siguientes preguntas:

  1. ¿Cuál ha sido el avance del proceso de diálogo con la sociedad civil (sector pesquero) de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año?
  2. ¿Cuáles organizaciones participarían o ya están participando del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año?
  3. ¿Cuál es la propuesta metodológica de la actividad para el proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año y cuál es su hoja de trabajo?
  4. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en el marco del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año y cuál es la descripción del proyecto? Por favor facilitarnos toda la información oficial que el gobierno haya avalado sobre la propuesta 30 30 anunciada por el presidente.
  5. ¿Existe un memorándum por entendimiento con la organización a cargo del cronograma de actividades del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año?
  6. ¿Con cuáles estudios se cuenta para el desarrollo del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año?
  7. ¿Cuáles profesionales del MINAE y del INCOPESCA participarán en el desarrollo del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año?
  8. ¿Cuál es el diseño del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año y quiénes participaron en su elaboración?
  9. Por favor facilitarnos toda información y documentación que resulte relevante en el marco del proceso de diálogo de la propuesta 30 30 anunciada por el presidente y que su persona anunció para febrero de este año.

Tras esa solicitud de información —y por una confusión en la dirección electrónica a la que se remitieron las consultas— fue hasta el 15 de marzo que en el Minae dieron el recibido de las consultas, y el 24 de marzo la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo, invitó al representante de los pescadores a participar de una actividad  en donde "se explicaría la metodología, participantes y alcances del proceso sobre el análisis del ordenamiento de las aguas circundantes a la Isla del Coco como parte de la iniciativa internacional del 30 x 30", sin embargo, la Sala consideró que esa respuesta no atendía directamente las preguntas planteadas por Seas Sosa, señalando que:

Tampoco es de recibo que por medio de las respuestas dadas el 15 de marzo de 2021 y el 24 de marzo de 2021, mediante el oficio DM-0270-2021, se haya atendido la gestión del recurrente, pues en esas respuestas no se le entrega la información solicitada y el último oficio ni si quiera hace alusión directa a lo solicitado por el recurrente.

Por lo tanto, la Sala ordenó a Haydée Graciela Rodríguez Romero, en su condición de viceministra de Agua y Mares del Minae, para que en 10 días conteste las consultas específicas planteadas por el representante del grupo de pescadores.

Tras ganar el recurso de amparo Seas Sosa señaló “hemos tenido que acudir a la Sala Constitucional para poder conocer la información sobre la propuesta 30x30 que el presidente ha anunciado de manera internacional sin considerar el parecer de los pescadores. Nos preocupa que se tomen decisiones sobre la pesca sin tomar en cuenta a las comunidades pesqueras y la actividad de pesca que genera trabajo y seguridad alimentaria. Una vez le decimos al Gobierno que es necesario ser transparente. Como sector pesquero consideramos que el diálogo es necesario, pero deber ser con la verdad y de manera transparente”.

Por su parte, Manuel Allan Fonseca, de la Cámara de Pescadores de Palangre de Guanacaste Cuajiniquil, añadió:

Una vez más, en este gobierno de Carlos Alvarado, debemos de acudir a la Sala Constitucional para poder tener acceso a la información.

Ambos representantes de los grupos de pescadores manifestaron estar anuentes a dialogar con las autoridades, pero señalaron que “se hace necesario recordar al presidente y su gobierno que respete la dignidad de la personas, sus formas de vida, la seguridad alimentaria ante toda iniciativa que promueva cerrar áreas donde se hace la pesca sin considerar a las personas”.

Grupos de pescadores cuestionan plan 30x30

Justamente, sobre la iniciativa 30x30 en el Día de los Océanos, el Grupo de las Gentes del Mar, el cual agrupa a los distintos sectores pesqueros y molusqueros de Costa Rica junto a la Diócesis de Puntarenas, la Pastoral de las Gentes del Mar y la Pastoral Social Cáritas, manifestaron sus preocupaciones en torno a la iniciativa.

Al respecto, Rolando Ramírez, pescador artesanal de Guanacaste e integrante del grupo de Gentes del Mar señaló que si bien esta iniciativa suena como una forma novedosa de proteger los ecosistemas marinos, lo cierto es que sigue la misma tendencia de otras medidas de conservación que han generado grandes problemáticas sociales en el escenario internacional. A nivel global, existe una historia de despojo, desplazamientos masivos, vulneraciones a los Derechos Humanos y violencia en perjuicio de las comunidades pesqueras, indígenas, costeras locales y de afrodescendientes, todo en función de la creación o la ampliación de áreas silvestres protegidas que se lleva a cabo sin contemplar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que ancestralmente han habitado en estos espacios. Este paradigma se denomina ‘conservación por exclusión’ y ha sido responsable del desplazamiento en diferentes zonas costeras".

Por su parte, María Carillo, una peladora de camarón de Barra de Colorado e integrante del Grupo, manifestó: “Por la forma en que el gobierno ha venido manejando el programa del 30x30, resulta evidente que el proyecto está muy lejos de integrar en a las familias y comunidades de las más de 15.000 personas pescadoras y molusqueras que viven a lo largo de todo el Pacífico y el Caribe. En vez de promover modelos de pesquería responsables y sostenibles, resolver el problema de una inmensa mayoría que no tiene licencias, el proyecto 30x30 pretende crear grandes áreas protegidas a lo largo en las dos costas del país. Eso no solo supone privar a los pescadores de su único sustento, sino que implica también la destrucción de la vida comunitaria, la identidad cultural y el modo de vida propio de las personas pescadoras. Esto, sumado a la situación económica compleja y de alto desempleo en las provincias costeras, así como la ausencia de consentimiento previo e informado por parte los pescadores, resulta en un modelo de conservación vertical, irrespetuoso de los Derechos Humanos y de la dignidad de miles de costarricenses, la mayoría de los cuales se encuentra en una situación socio-económica vulnerable”.

Adicionalmente, Donald Villareal, marino de la Comunidad de San Luis de Puntarenas manifestó que “Para replantear el proyecto 30x30, se requiere de un compromiso serio por parte de las autoridades, en donde se respete el diálogo y se conciban las problemáticas sociales y ambientales desde un punto de vista integral. Mientras esto no suceda, el Grupo de las Gentes del Mar se opone firmemente a la iniciativa 30/30 y a sus efectos devastadores para el pueblo y para los pescadores. La conservación de los océanos debe darse de la mano de la dignidad de las personas, no a costas de ella. Los pescadores también queremos gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como también merecemos que se respeten nuestros derechos y nuestra dignidad humana”.