La jueza Carolina Lizano del Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, fijó este sábado las medidas cautelares que deberán cumplir las personas detenidas el pasado lunes 14 de junio por el caso Cochinilla.
Lizano determinó que ninguna de las personas deberá cumplir prisión preventiva. Sin embargo, Carlos Cerdas Araya, presidente de Constructora Meco y Mélida Solís Vargas, propietaria de H. Solís, deberán pagar una fianza de $5 y $3 millones de dólares respectivamente para salir de prisión, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Días atrás, el juzgado dejó en libertad, sin medidas cautelares, al funcionario del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Luis Alberto Ureña Villalobos; mientras que al trabajador de Meco y gerente operativo de la empresa Also Frutales, Juan Carlos Abarca Quesada, se le impuso mantener domicilio fijo y firmar una vez por semana en la Fiscalía.
Para el resto de personas a las cuales la Fiscalía pidió medidas cautelares, la oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que la jueza determinó que tendrán impedimento de salir del país y deberán firmar periódicamente. Asimismo, aquellos que son funcionarios públicos estarán suspendidos de su cargo, no podrán acercarse al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en un radio de un kilómetro, ni tampoco acercarse a testigos.
La determinación de si los funcionarios públicos suspendidos de su cargo lo son con o sin goce de salario, corresponderá a cada institución donde labore esa persona.
El funcionario de Meco, Tobías Arce Alpízar, deberá además usar una tobillera electrónica de rastreo.
