Por María José González Trillo – Estudiante de la carrera de Derecho
Al indagar en el mundo de las leyes y el Derecho, solemos encontrarnos reiteradamente con la palabra justicia. Pero ¿qué es la justicia? ¿Existe una justicia pronta y cumplida en nuestra realidad costarricense? La palabra justicia viene del latín, en el que ”iustitia” representaba los valores en la frase conocida: “la justicia es ciega” (Haba, 2007). Esto se refiere a que la justicia se basa en hechos por lo mismo, no tiene favoritismos.
Pero, entonces, ¿qué es justo y que no? Según distintos artículos, la justicia depende de los valores y costumbres de cada sociedad, por lo que existen distintas definiciones de tan interesante palabra. El pensamiento Griego, por ejemplo, anterior a Sócrates, entendía la justicia en relación con el orden, por lo que decía que “es injusto cuanto vulnera o desequilibra el orden a que pertenece“. Los romanos, por otro lado, entendieron la justicia de una manera más subjetiva por lo que opinaban que lo justo es lo que se acomodaba a las leyes más la voluntad de acatarlo. Y el pensamiento de la iglesia, posteriormente, revoluciona este pensamiento al definir justicia como ”la fidelidad del hombre a la alianza Santa”. (Haba, 2012).
Hablar de justicia actualmente, no es un tema sencillo. La conceptualización más acertada es la de Bureau (1996) donde se dice que la justicia es “como una virtud o atributo que se afirma cuando ocurre aquello que debe, éticamente, ocurrir” (Haba, 2012). Hoy día, el derecho a una justicia pronta y cumplida está establecida en el artículo 41 de la Constitución política que estipula que "ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". También la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo número 8 cita que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." (Haba, 2012).
En otras palabras, los Administradores de Justicia están obligados a resolver los asuntos en un tiempo razonable, en comparación al caso. En Costa Rica, no se han escrito los plazos, pero sí el derecho fundamental que cada persona tiene de que su caso sea resuelto en un tiempo o plazo razonable, dependiendo del caso concreto y distintos factores que significan tiempo agregado al mismo.
Por lo tanto, se puede concluir que el principio de Justicia Pronta y Cumplida es jurídico-práctico, ya que parte de este, es el carácter jurídico y la vida del día a día de las personas. Y aunque la asimilación en palabras es sencilla, existe una doble concepción. Por un lado, existe el derecho inherente de las personas de accionar y requerir la intervención del estado y, por otro lado, la obligación correlativa de actuar de forma rápida y justa para satisfacer las necesidades de las personas. Por esta razón, se considera que en Costa Rica sí existe la justicia pronta y cumplida.
