En el año 2016, desde el despacho del exdiputado frenteamplista Francisco Camacho Leiva logramos aprobar el proyecto de ley 19280: “Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José – Cartago mediante Fideicomiso”. Firmada como Ley de la República el 14 de setiembre por el presidente Luis Guillermo Solís Rivera, al pie de las Ruinas de Cartago, en el marco de las celebraciones de la independencia.

La hoy ley autoriza al Estado a utilizar el fideicomiso como mecanismo para financiar la ampliación y mejoramiento de la autopista Florencio del Castillo. El fideicomiso permitiría a bancos, instituciones públicas e inversionistas financiar la ampliación de la carretera San José – Cartago, la cual se dividiría en tres tramos: Ampliación Hacienda Vieja de Curridabat - La Lima de Cartago; Creación Garantías Sociales (Zapote) - Hacienda Vieja y Ampliación La Lima - San Isidro de El Guarco. Su presentación fue producto de del diálogo y el intercambio entre diversos sectores de la provincia de Cartago, entre ellos la Zona Económica Especial de Cartago con sede en el TEC, la Comisión Especial de Turismo, sectores productivos, entre otros, y contó también con el acompañamiento de la Laname.

Sospechosamente, a pesar de que el fideicomiso para ampliar terminar y ampliar la autopista es hoy ley de la República, ni en el Gobierno de Solís (quién “politiquió” aquel 14 de setiembre con la propuesta), ni tampoco en el actual se ha ejecutado. No recuerdo al actual mandatario ni al ministro Méndez Mata referirse al fideicomiso, por el contrario, han priorizado como proyecto estrella uno adjudicado a la constructora MECO (hoy investigada en el Caso Cochinilla) bajo el nombre de “Iniciativa Privada para el Rediseño, ampliación y operación de la Autopista Florencio del Castillo y sus obras complementarias” mediante la figura de concesión.

La propuesta de concesión presentada por MECO al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) se encuentra en fase de estudios de factibilidad, estudios que realiza la misma empresa MECO. La concesión tiene un plazo de 25 años y tiene un coste de $ 487.460.051,00, y augura un alto costo de peaje para las y los cartagineses.

Recientemente, el exdiputado Francisco Camacho declaró al medio digital cartaginés Noticias Cartago que “privatizar esa Ruta, ha sido siempre el plan”. Sumado a esto, el medio menciona que representantes del Foro de Oriente también se oponen a la concesión y en reiteradas ocasiones han sentenciado que “ese es el negocio ahora, concesionar y luego argumentar cosas para pagarles a empresas amigas de ciertos políticos”.

Dicho lo anterior, la pregunta obligatoria es: ¿Por qué si existe una ley con amplio apoyo político y ciudadano, y que además le da margen al Gobierno para la ejecución presupuestaria, se privilegia una millonaria concesión a MECO? Los hechos destapados recientemente nos invitan a sospechar.

Recientemente, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, declaró al medio La Nación que: “(…)la lógica de intervenir Conavi sería que las empresas H. Solís y MECO, sobre las cuales se centran las pesquisas judiciales, no vuelvan a recibir contratos estatales”.  Sumado a esto, el ahora conocido “Caso Cochinilla” evidencia los tentáculos de corrupción de las empresas constructoras privadas en las instituciones públicas.

¿Será acaso el momento para que se desempolve la Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José – Cartago mediante Fideicomiso, y se resuelva el histórico problema que vive la provincia? ¿U otra vez las ganancias privadas van a definir los intereses públicos?

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