El Fondo Nacional de Avales es una iniciativa liderada principalmente por los economistas Gerardo Corrales, Alberto Dent y José Luis Arce, quienes le dieron al Poder Ejecutivo una propuesta para respaldar proyectos de reactivación económica de personas que no contaban con garantías reales.

En términos muy resumidos, el plan consiste en que el gobierno obtenga un préstamo de bajo costo en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo invierta en un certificado de depósito a plazo en la banca local y que los rendimientos asociados al certificado pudieran costear la carga financiera del préstamo y la pérdida esperada que tuviesen los proyectos de reactivación.

La iniciativa es loable y técnicamente elaborada, sin embargo, ha sido como sembrar una semilla en un pedregal. Ha pasado prácticamente un año en la corriente legislativa y el proyecto no avanza.

A continuación, sus siete pecados capitales sin haber empezado:

  • Exclusión de la base productiva en microemprendimientos. Si el fondo se prioriza en grandes consorcios empresariales ya nació muerto; la base productiva de la pirámide es la gente más afectada por la pandemia, ellos no son sujetos de crédito bancario y ni son adscritos al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) como una Pyme; la lógica sería implementar el fondo en ellos, pues son miles de personas de saldos pequeños y es más simple extrapolar una pérdida esperada. Las organizaciones microfinancieras ya conocen el nicho y cuentan con la estadística de pérdida esperada y castigo.
  • No hay ninguna modificación a la normativa de riesgo crediticio. Aún con el fondo de avales, en ningún sano juicio la entidad bancaria otorgará el préstamo a una empresa que, sin garantías reales, únicamente promete flujos futuros para resarcir la deuda, eso incrementará las provisiones de cartera en riesgo y desestimulará un plan de colocación masiva.
  • No queda claro quién asume la perdida. Supongamos que ya tenemos un año de operar, ¿quién asume el riesgo y la pérdida? ¿El banco acreedor? ¿El Ministerio de Hacienda?; Lo único fijo es que no será el BCIE.
  • El Sistema de Banca para el Desarrollo era un actor clave que ha perdido toda credibilidad. La movida estratégica era que el acreedor titular fuese el SBD, quien se supone que domina mejor el segmento meta, pero después de solicitar una condonación de 6.200 millones de colones en 2.705 créditos, no le brinda ninguna oportunidad de participar.
  • Los demandantes solicitan flujo de caja para gasto y no capital de trabajo. Bajo el supuesto de que el segmento estrella es el turismo (dado el golpe directo de la pandemia), sus involucrados necesitan flujo de caja para sostener gasto operativo, planillas, y pago de deudas actuales. Nadie está pensando en remodelar el hotel ni comprar inventarios cuando no hay clientes. No hubo encadenamiento entre el ministro de Turismo Gustavo Segura ni la ministra del MEIC Victoria Hernández (sin obviar que esta última ni siquiera participó en el proyecto) para potenciar algún beneficio al sector turístico.
  • No está definido si solo será en deuda nueva o será respaldo de deudas actuales sin garantía suficiente. Los deudores actuales en situación de insolvencia lo que necesitan es ingreso y no garantía. No sería un peligro invitar a que se hagan refundiciones de deuda interbancarias sin garantías reales, tal cual lo hacen los gastos con sus deposiciones.
  • Permite la odiosa intención de sanear la cartera de la banca pública y trasladar la perdida al Ministerio de Hacienda. Las directivas de la banca pública son expertas evasoras para aportar en soluciones fiscales, el proyecto de Dividendo Único al Estado solo dejó berreos. Ahora desean pasar el castigo de cartera al Ministerio de Hacienda y viceversa. ¡Nadie quiere bailar con la más fea!

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