Esta semana recibimos tres noticias que nos dejan con sentimientos encontrados de furia y esperanza.

El lunes próximo ocho valientes mujeres, venciendo miedos instalados algunos desde la niñez, llevan a juicio por abusos sexuales, tentativa de violación, corrupción y otras joyas al llamado “Pastor de los Ricos (¡sic!)”. ¿Eufemismo o poder patriarcal?

Esta misma semana, Eva Morera, cuya vida fue arrebatada miserablemente, alzará su voz para exigir que se haga justicia en su nombre y el de las más de 300 víctimas de femicidio de los últimos años.

Finalmente, fuimos informadas de que un psicólogo en el ejercicio de sus funciones en hospital público será llevado a juicio por presuntas violaciones contra tres mujeres que estaban bajo su cuidado. ¿Puede haber algo más perverso que aprovecharse de personas cuya salud mental se encuentra afectada y que han depositado sus esperanzas de curación en las manos de un funcionario amparado a un conocimiento y a una ética profesionales?

¿Común denominador? Todas mujeres víctimas de crímenes atroces. Todas mujeres que han tenido que hacer acopio de energía extraordinaria para enfrentarse a un sistema nada amigable. Y, contra viento y marea, cayéndose unos días, levantándose otros, acuerpadas entre sí, van a enfrentar a un sistema de justicia esencialmente machista con la única esperanza de ser escuchadas y de recuperar algo de su dignidad mancillada. Todas mujeres guerreras, herederas de esa fuerza femenina milenaria y transformadora, hartas de tanto dolor y de tanta muerte.

Tengo conocimiento de que al menos en dos de estos juicios las mujeres contarán con la representación especializada y gratuita del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), además del Ministerio Público a quien debemos reconocer que ha mantenido el dedo en el reglón para que estos casos no se perdieran en el limbo de la justicia. Bien por ambas instituciones.

Pero, ¿qué pasa con los otros miles de víctimas de delitos sexuales y de violencia contra las mujeres? Según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, entre el 2017 y el 2021 se registran 377 femicidios. Entre el 2015 y el 2019, 583 tentativas de femicidio y, solamente en el 2019, entraron al Ministerio Público 12.348 denuncias por delitos sexuales mayoritariamente contra niñas, niños y mujeres.

Lamentablemente, la mayor parte de estos delitos no llegarán a ser juzgados debido a las disparidades de género en el acceso a la justicia y los altos grados de impunidad en delitos asociados a la violencia contra las mujeres.

No lo digo yo. Lo dijo el Estado de la Nación en su I Informe sobre el Estado de la Justicia 2015. Cito:

  • Cuando la persona imputada es una mujer aumentan las probabilidades de que sea sobreseída (p. 64)
  • Los expedientes en riesgo de tutela efectiva de derechos representan un tercio de la muestra. En su gran mayoría (74%) corresponden a desestimaciones, especialmente en casos de delitos sexuales, contra la propiedad y contra la vida. (p.64)
  • Las desestimaciones para delitos sexuales se asocian a un riesgo potencial del 80% (p.164)
  • El grupo de casos con mayor riesgo potencial está conformado por poco más de la mitad de los expedientes analizados (51,4%). En ellos el riesgo potencial es de 46%. Tienen una alta presencia los delitos sexuales, contra la vida y contra la autoridad pública, así como las infracciones a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Las combinaciones de desestimación con delitos contra la vida, sexuales y contra la propiedad, forman parte de este segmento de alto riesgo, al igual que más del 60% de los casos con duración de 250 días o más p.166)

También dice este informe que los riesgos de impunidad aumentan cuando las mujeres no cuentan con representación propia, cercana, y llegan solas a los estrados judiciales pues el Ministerio Público, como representante principalmente de los intereses del Estado, no es siempre sensible a las necesidades de las víctimas. Para las mujeres y las niñas esto ocurre la mayoría de las veces mientras que sus ofensores cuentan de oficio con un defensor o defensora pública.

En el año 2015, el Inamu, el Colegio de Abogados y el Poder Judicial —con financiamiento aportado mayoritariamente por el primero— desarrollaron un proyecto para brindar patrocinio legal gratuito a mujeres que enfrentaban procesos penales. Durante tres años este proyecto se ejecutó con éxito, más de dos mil casos fueron querellados y mujeres acompañadas en sus procesos.

Sin embargo, en el 2019, el presupuesto fue suspendido a pesar de los buenos resultados de la iniciativa. Desde entonces no se admitieron nuevos expedientes y a los abiertos se ha dado seguimiento con los limitados recursos del Inamu.  Este proyecto de defensorías gratuitas penales, que ya entonces era el único de su tipo en el país, quedó para la historia como…una buena práctica.

Quedó demostrado que la justicia para las mujeres puede ser más que un espejismo si hay voluntad política y verdadero compromiso. Las mujeres seguimos esperando que el Estado repare esta deuda y que los derechos de las mujeres sean verdaderas prioridades pues no podemos hablar en serio de erradicar o prevenir la violencia contra las mujeres cuando la impunidad es tan avasalladora.

Por ahora quiero externar a todas estas mujeres mi más profundo respeto. Tengan seguridad de que no están solas. Desde fuera estaremos vigilantes para que el Estado nos les falle una vez más.  En nombre de mis hijas y de mis nietas mi abrazo solidario pues gracias a su empeño talvez ellas y otros miles de mujeres no tengan que pasar en el futuro por estas dolorosas experiencias.

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