El Plenario de la Asamblea Legislativa no votará por ordenar a la Corte Suprema de Justicia que libere al diputado Mario Castillo Méndez, quien se encuentra a las órdenes del Poder Judicial tras haber sido detenido en flagrancia por conducir y chocar bajo los efectos del alcohol.

La presidenta del Congreso, Silvia Hernández Sánchez, informó a los diputados al arrancar la sesión que el congresista oficialista estaba detenido y que la presidencia de la Corte Suprema cumplió con notificarle esa circunstancia, para que los diputados debatieran sobre si debía ser puesto en libertad o no.

Sin embargo, en un receso que se prolongó por 10 minutos los diputados acordaron no someter a votación el tema y dejar que pasen las 24 horas que tiene la Fiscalía para presentar la acusación contra el legislador, pues caso contrario deberá ponerlo en libertad. La sesión de Plenario continuó con el control político y no se informó públicamente de esa decisión tomada en el receso.

El procedimiento en cuestión lo regula el artículo 110 de la Constitución Política, el cual establece que si un diputado es detenido, la Asamblea puede ordenar su liberación. Asimismo, el artículo 393 del Código Procesal Penal establece que el presidente de la Corte debe notificar a la presidenta de la Asamblea del arresto de un diputado, para que el Parlamento debata si se mantiene la privación de libertad o no. Si se ordena la liberación, el Ministerio Público puede continuar la investigación pues no le exime de la eventual responsabilidad penal; si la Asamblea autoriza que se mantenga detenido, la Fiscalía debe formular la acusación contra el diputado en un plazo no mayor a 24 horas, o será puesto en libertad.

Castillo fue detenido luego de chocar contra un poste del alumbrado público la noche del domingo mientras se dirigía a su casa de habitación en Cartago. Tras ser enviado a revisión médica al resultar golpeado, fue trasladado a una comandancia de la Policía y posteriormente puesto a las órdenes de la Corte Suprema, pues se determinó que conducía con una concentración de alcohol en sangre de 0.75 gramos por litro.

El legislador emitió una disculpa pública en sus redes sociales y luego envió una carta anunciando su renuncia a la inmunidad parlamentaria, para afrontar el proceso penal en su contra por el delito de conducción temeraria, que lo expone a una pena de cárcel de 1 a 3 años, conmutables por multa de 1 a 3 salarios base; y a la inhabilitación para conducir vehículos de 2 a 4 años.