La dictadura de los Ortega-Murillo en Nicaragua lleva años atropellando a su pueblo y traicionado el legado de Augusto Cesar Sandino que juraron defender contra el régimen de los Somoza. Se ha convertido, así sin más, en un régimen salvaje que atenta contra la integridad de su pueblo y contra los más elementales principios democráticos.
El encarcalamiento de figuras políticas de oposición al régimen, para dinamitar el proceso electoral, ya de por sí amañado por los tentáculos de la dictadura, ha sido el más reciente golpe a la democracia y la institucionalidad.
En términos generales, pero no menos preocupantes, se reporta un patrón sistemático desde hace ya varios años, de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias y agresiones en perjuicio de estudiantes, trabajadores, integrantes de la iglesia católica y jóvenes, así como ataques dirigidos a instalaciones universitarias, medios de comunicación y algunos recintos específicos.
Mientras tanto, parece que ya nos malacostumbramos a escuchar noticias de Venezuela donde la escasez de alimentos y medicinas, la desesperanza, la persecución, la cárcel y tortura a la oposición política, el exilio, los atropellos a una Constitución Política creada por el mismo chavismo, los abusos contra las libertades fundamentales y los derechos humanos, la ruptura de límites entre Poderes del Estado, la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de influencias, el pésimo manejo de la Administración Pública, la inseguridad ciudadana y un largo etcétera de situaciones de angustia que han convertido a este país en uno de los menos desarrollados, libres y democráticos del mundo.
Por otra parte, somos testigos de las constantes bravuconadas autoritarias de Bolsonaro en Brasil y de los desmanes tiránicos que poco a poco van consolidando el régimen despótico y personalista de Bukele en El Salvador, un dictadorzuelo moderno, pero no menos antidemocrático y nocivo para la institucionalidad.
Esto, por citar solo algunos de los casos donde la ruptura de la democracia y los abusos son más recientes y evidentes. Pero la situación no termina ahí. Hay un claro deterioro en la calidad de la democracia en la región que sirve de caldo de cultivo para el surgimiento y la consolidación de plataformas políticas populistas que recogen el descontento e invierten más esfuerzos en alimentar las disconformidades que en buscar soluciones reales, responsables y viables a los problemas que enfrentamos a lo interno de las naciones y a lo externo, como sistema regional.
Todo esto y como si no fuera suficiente, en medio de una pandemia que ha ampliado las brechas económicas y sociales, que ha llevado al límite los sistemas de salud y educación y que ha afectado seriamente la vida, la salud, el empleo y la estabilidad de millones de personas.
Y es aquí, donde nos vemos enfrentados a un doble reto. Por un lado, nos corresponde a todas y todos nosotros asumir nuestra cuota de responsabilidad a la hora de ejercer el voto e involucrarnos en los procesos políticos. Haciendo, como deberíamos de hacerlo siempre, un ejercicio de análisis de propuestas, liderazgos y equilibrios entre la experiencia y la capacidad de actuar con decisión en los momentos difíciles que enfrentamos.
De quienes elegimos para los puestos de toma de decisiones, dependerá mucho de cómo se aborden estos fenómenos de manera seria, integral y responsable, con equipos de trabajo capacitados y una clara línea de acción para fortalecer la alicaída diplomacia regional.
Recordemos que la libre autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en asuntos de otros Estados, son principios de derecho internacional que aplican entre democracias con condiciones básicas de libertad y justicia; no pueden ser una mordaza para callar ante las atrocidades.
En nuestro continente, la Carta Democrática Interamericana representa un instrumento determinante en la intrínseca relación entre democracia y derechos humanos, facultando a los Estados Parte a ser garantes de ella en las demás naciones, pudiendo invocar distintos mecanismos para sancionar a los Estados que, como en estos casos, se alejen de los principios elementales de la institucionalidad democrática.
El otro reto, es que Costa Rica como pionera y emblema de los derechos humanos en la región, debe recuperar el liderazgo diplomático que una vez tuvo, e impulsar acciones conjuntas desde la Cancillería de la República para unir esfuerzos con otros Gobiernos del área, para hacer un llamado vehemente y efectivo a los Estados a dar una utilidad funcional al sistema interamericano y a los demás foros, organismos y mecanismos de integración, porque si no son capaces de tomar acciones en defensa de la población civil y el Estado de Derecho, ante situaciones como las descritas al inicio, debemos entonces replantear su marco de acción para hacer frente a estas y otras situaciones que van en detrimento de la institucionalidad democrática y los derechos humanos.
Y, complementario a lo anterior, con miras al mediano y largo plazo, incentivar la cooperación financiera, logística y política con los organismos ya existentes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos extracontinenetales como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, con el fin de elaborar normativas que eleven los estándares jurídicos y las responsabilidades compartidas en la región para la defensa y promoción de los derechos humanos, en áreas como medidas reparatorias no pecuniarias y control de convencionalidad en los sistemas legislativos y judiciales, así como capacitación permanente a la institucionalidad nacional para evitar violaciones a los derechos humanos desde los mismos Estados, por acción u omisión de funcionarios públicos.
La tarea no es sencilla, pero es urgente. No podemos continuar con pocos y tímidos llamados al diálogo y menos aún con continuar utilizando los derechos humanos como moneda de cambio en la priorización de intereses económicos y alianzas políticas, porque esta debilidad manifiesta de la diplomacia, la termina convirtiendo en cómplice de los autoritarismos y los atropellos en la región.
Como sabiamente afirmaba el escritor y pensador Albert Camus: “La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas”.
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