La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este lunes al Estado hondureño por la muerte de la activista trans, Vicky Hernández, sucedida en 2009.
La Corte, conformada por los jueces Elizabeth Odio Benito, Juez Patricio Pazmiño Freire, Eduardo Vio Grossi, Humberto Antonio Sierra Porto, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Eugenio Raúl Zaffaroni y Juez Ricardo Pérez Manrique, declaró por unanimidad que:
El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, contenido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 8 y 25 del mismo instrumento, así como por la violación del derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Vicky Hernández".
La sentencia fue notificada hoy, 28 de junio, fecha que justo concuerda con el duodécimo aniversario de su muerte y con la celebración del Día del Orgullo LGBTIQ+ en el mundo. En ella, la Corte dio respuesta a la denuncia interpuesta en el Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, interpuesto luego de su asesinato.
Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa” de Honduras quien fue asesinada el 28 de junio de 2009.
Esa noche y según reportó el medio El País el año pasado, Vicky Hernández fue hallada muerta en una calle de San Pedro Sula.
"Estaba vestida como había salido de su casa, con falda y tacones. Era una mujer transexual que, aunque acostumbrada a huir de la persecución de los policías, durante la madrugada de ese día no alcanzó a correr cuando varios se bajaron de los carros en los que patrullaban la ciudad. Las dos amigas que la acompañaban, que días después también fueron asesinadas, contaron tras encontrarla muerta, con un disparo en la cabeza, que cuando la policía apareció todas corrieron en diferente dirección, pero Vicky se quedó atrás. Fue la primera de 15 personas trans asesinadas durante el golpe de Estado en Honduras", señaló el medio español.
La Corte, por su parte, agregó en su sentencia que al día de hoy, su muerte no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune.
Por ello este lunes la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.
Un comunicado de prensa enviado por la Corte esta mañana agrega que:
El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, en el entendido que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación por el homicidio de Vicky Hernández. La Corte señaló que, durante la investigación, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTI y las mujeres trans trabajadoras sexuales. En otro orden, el Tribunal determinó que, al haber sido asesinada y durante la investigación del homicidio, así como por el marco jurídico general de discriminación; se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género de Vicky Hernández. A su vez, la Corte encontró que se vulneró el derecho a una vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, considerando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans".
Por todo lo anterior, la Corte ordenó al Estado hondureño que promueva las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández; que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; y que ejecute un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras.
Además, ordenó que se cree una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans en el país; que se implemente un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; y que se adopte un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida.
Finalmente, el órgano ordenó a Honduras el adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y que se diseñe un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.
Según señaló la organización Sin Violencia LGTBI en una nota publicada por El País este lunes, entre 2014 y 2020, al menos 3514 personas LGTBIQ+ fueron asesinadas en América Latina y el Caribe, 1401 de ellas por motivos relacionados con el prejuicio frente a su orientación sexual o identidad de género.
Solo en 2019 se registraron 327 casos y en 2020, en plena pandemia de coronavirus, fueron 351 las víctimas. Colombia, México y Honduras concentraron el 87% del total de víctimas en 2019 y el 89% el año pasado.
El texto íntegro de la sentencia de la Corte IDH por el caso de Vicky Hernández puede consultarse aquí y su resumen aquí.