El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, un crédito conjunto de $600 millones de dólares destinados a financiar el Fondo de Avales y Garantías; cambiar deuda cara por deuda barata, y abonar $60 millones a la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Se trata del expediente 22.214 que aprueba $300 millones dados por el Banco Mundial y otros $300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), puestos a disposición del país en la línea del programa que ha emprendido el Gobierno en atención o respuesta a la emergencia y crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
Las condiciones financieras de ambos créditos son similares y, según el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, hasta cierto punto son equiparables. Sin embargo, la principal diferencia radica en que el préstamo con el Banco Mundial no está atado a ningún proyecto específico, y por ende puede ser usado como apoyo presupuestario; mientras que el crédito con el BCIE expresamente está destinado a financiar el otorgamiento de avales y garantías con el fin de reactivar la actividad económica, cuyo fundamento jurídico es un proyecto que aún está en discusión en la Asamblea Legislativa; además de destinar $60 millones al abono del Estado a la deuda con la Seguridad Social.
Los créditos recibieron votación unánime de los 46 diputados presentes y ahora sigue su segundo debate, donde se necesitará una votación de al menos 38 a favor para que sea promulgado como Ley de la República.
En primer debate también se aprobó el expediente 22.156 "Ley para atraer inversionistas, rentistas y pensionados", el cual tuvo una votación dividida de 35 a favor y 10 en contra, estos últimos provenientes del Partido Acción Ciudadana (6), Integración Nacional (2), Frente Amplio (1) y Unidad Social Cristiana (1).
Entre las justificantes para los votos en contra se encuentra que no fueron tomadas en cuenta observaciones y advertencias del Ministerio de Hacienda y del Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD).
La iniciativa dispone que las personas que se amparen en esta legislación tendrán una serie de beneficios como franquicia arancelaria y exoneración de los impuestos de importación por una sola vez, para la importación del menaje de su casa; y que en las solicitudes podrán amparar a sus dependientes, para los efectos migratorios.
Además, las personas beneficiarias podrán importar un vehículo automotor; para uso personal o familiar, libre de todos los impuestos de importación, arancelarios, de ventas y estabilización económica, el cual podrá ser vendido o traspasado a terceras personas exonerado de dichos impuestos después de transcurridos tres años desde la fecha de ingreso del vehículo al país.
También se les da el beneficio de que las sumas declaradas como ingreso para hacerse acreedor a los beneficios de esta ley, estarán exentas del Impuesto de la Renta; y tendrán una exoneración del 20% del total del impuesto de traspaso, en aquellos bienes inmuebles que adquieran en el plazo de vigencia de la ley, siempre que la persona beneficiaria sea la titular registral del bien y exoneración de impuestos de internamiento para instrumentos o materiales para el ejercicio profesional o científico, realizado por la persona con la categoría migratoria de inversionista, residente pensionado o de residente rentista.
La propuesta tendría una vigencia de cinco años a partir de su entrada en vigencia.
Breves
— Por unanimidad se aprobó en segundo debate el expediente 21.784 "Autorización para que el Instituto Nacional de Seguros done un lote de su propiedad al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para la ampliación de las instalaciones de las oficinas centrales del Cuerpo de Bomberos".
— Por unanimidad, se aprobó suspender la sesión ordinaria del Plenario del 9 de junio y sesionar extraordinariamente para tramitar los expedientes 22.281, 22.214 y 22.215.
— Por unanimidad, la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 22.144 "Ley de creación del Fondo nacional de Avales y Garantías" para el apoyo a las empresas afectadas por la COVID-19 y la reactivación económica. El dictamen fue posible luego de acogerse un nuevo texto sustitutivo, el quinto desde que la iniciativa fue presentada.
La nueva redacción dispone que el fondo estará financiado por 300 millones de dólares provenientes del empréstito con el BCIE que fue aprobado en primer debate hoy, y pretende respaldar hasta por un 70% las perdidas esperadas de empresas afectadas por la crisis de la pandemia. El manejo de los recursos estará a cargo de un fideicomiso y según establece la iniciativa los mismo estarán sujetos a los controles y supervisión de la Contraloría General de la República. Aunque el BCIE hará el desembolso de los recursos en un solo monto, el proyecto establece que los dineros se giraran en tractos, con el fin de no afectar las finanzas públicas.
El nuevo texto establece que los recursos se distribuirán en hasta un 20% para personas físicas o jurídicas que empleen más de 100 personas trabajadoras, al menos un 40% para las personas físicas o jurídicas que empleen 30 o menos personas trabajadoras y la proporción restante para las empresas que empleen entre 31 y 100 personas trabajadoras.
— Un grupo importante de diputados presentó una moción para repudiar el arresto de varios candidatos presidenciales en Nicaragua a manos de las fuerzas leales de Daniel Ortega, demandar su inmediata liberación y exhortar a las autoridades nicaragüenses a que detengan las medidas que comprometen el espacio cívico, democrático y que alejan la perspectiva de elecciones justas, libres, creíbles e inclusivas.









