El gran reto del próximo gobierno será la disciplina presupuestaria. De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre el 2022 y 2025 el promedio del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de Costa Rica se estima en ₡41 billones mientras que la relación deuda-PIB se mantendrá por encima del 60%. De esta manera, la regla fiscal pondrá un límite al crecimiento del gasto público de 1,8% en promedio para ese periodo, mientras que el crecimiento observado en los últimos 5 años ha sido por encima del 7,0%.

En términos simples, el próximo Gobierno se tendrá que socar la faja 4 veces más de lo que se ha hecho en el pasado. Ante esta situación me gustaría detallar algunos temas desde el punto de vista económico y político:

El FMI solicitó al Gobierno no cargar la mayoría del ajuste de gasto en el componente de capital, por sus implicaciones en el crecimiento económico de largo plazo. Esto lleva a enfocar el cumplimiento de la regla a través de un mayor control del gasto corriente, a pesar de que si la deuda-PIB supera el 60% esta aplica para el gasto total. Como resultado el gasto corriente tendrá dos implicaciones:

  1. El gasto de intereses es el que más crece y es determinado por la deuda contratada en el pasado, por lo que un recorte en este significa un escenario de default.
  2. Esto lleva a la necesidad de un fuerte control (o recortes) en las remuneraciones y las transferencias corrientes para compensar el aumento sostenido en el gasto de intereses.

Desde un punto de vista de economía política, enfocar una regla fiscal restrictiva en las transferencias y las remuneraciones es un ejercicio complejo por los incentivos que tienen los políticos en responder a grupos de interés. Sin embargo, desde el frente fiscal permite reducir la deuda-PIB a una tasa más rápida de lo esperado.

Dicho lo anterior, el escenario de incumplimiento de la regla no solo perjudica la capacidad del país en asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también la credibilidad de esta. En esa línea, el ejercicio de rendición de cuentas y los mecanismos de sanciones son claves para el buen funcionamiento de la institucionalidad fiscal. Actualmente la regla fiscal no es clara respecto a las sanciones, dejándolas condicionadas a la Ley Orgánica de la Controlaría de la República por lo que cualquier proceso de incumplimiento puede implicar procesos administrativos lentos y poco claros. Por otra parte, la rendición de cuentas está concentrada en los informes trimestrales del cumplimiento de todas las instituciones del Sector Público No Financiero, sin embargo, lo adecuado debe ser enfocarse en un informe que muestre el impacto consolidado para de esta manera tener la claridad del impacto macro-fiscal. La regla fiscal tiene un rol fundamental y es contribuir a la sostenibilidad de la deuda, por tanto, todo ejercicio de rendición de cuentas debe cuantificar ese impacto.

En síntesis, los próximos cuatro años serán claves para la aplicación, el monitoreo y el cumplimiento de la regla fiscal. El próximo Gobierno tendrá un gran reto a nivel presupuestario y político, al mismo tiempo que se debe acompañar la regla fiscal de un buen ejercicio de rendición de cuentas para fortalecer la institucionalidad fiscal.

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