El plenario de la Asamblea Legislativa tiene actualmente en su agenda, para discusión, el proyecto de ley 22.489, el cual estipula transferir ₡28.000 millones al Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) para ser destinados a financiar vivienda de interés social. La Comisión de Hacendarios del Congreso ya lo dictaminó previamente, agregando la necesidad de efectuar dicho giro de forma “en forma inmediata, completa y directa”.
Este proyecto, que es una reforma al Presupuesto Ordinario de la República 2021, ha recibido el respaldo público de casi la totalidad de fracciones legislativas, de organizaciones como la Cámara Costarricense de la Construcción, Cámara de Entidades Financiadoras de Vivienda (Finanvivienda), Asociación Centroamericana de Vivienda (Acenvi), diversos grupos de la sociedad civil y por supuesto, el propio Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), que recibirá los recursos, para —de inmediato— solventar las necesidades de vivienda de familias de escasos recursos del país.
Es importante destacar que todo este respaldo, así como la aprobación en primer debate de realizar la transferencia “en forma inmediata, completa y directa”, tienen su origen en que, ante la situación que atraviesa el país, estos ₡28.000 millones para vivienda de interés social, además de atender a más de 3.500 familias necesitadas de un techo, significarán una inyección importante para la reactivación de la economía del país y para la generación de empleos, que son dos de los problemas que más agobian y preocupan a los costarricenses en este momento, según la última encuesta (abril 2021), del Centro de Investigación y Estudios Políticos, de la Universidad de Costa Rica.
Por un lado, para enfrentar y salir de la difícil situación se requiere incentivar la reactivación económica y lograr uno de los principales objetivos en la actualidad, que es la generación de empleo. En esa línea, más del 90% de los recursos que invierte el BANHVI van dirigidos a la construcción; se utilizan en el pago de bienes y servicios, actividades que representan altos niveles de encadenamiento productivo (materiales de construcción, alimentación, transporte, actividad inmobiliaria, servicios profesionales de ingeniería, trabajo social, Derecho, entre otros) y emplean además un alto porcentaje de personal operativo de medianos y bajos niveles de ingreso, a razón de 3,4 empleos (entre directos e indirectos) por cada vivienda que se edifica.
A su vez, en medio de la pandemia por el COVID-19 esos recursos son parte de la solución, ya que contar con una vivienda propia, con agua potable y adecuadas instalaciones para saneamiento, permite a las familias de escasos recursos salir del hacinamiento y prevenir el contagio.
Esa es la importancia de los recursos para vivienda de interés social para Costa Rica y la necesidad de que el giro de los recursos sea completo y oportuno. A hoy, el BANHVI ya tiene comprometido prácticamente el resto de su presupuesto anual para Bonos de Vivienda, e incluso hemos tenido que paralizar la recepción de nuevas solicitudes.
De ahí el llamado que hemos venido realizando en los últimos meses, tanto a las y los señores diputados para votar positivamente la modificación, así como al señor ministro de Hacienda, para que, una vez aprobada la transferencia, esta se haga tal como se definió en Hacendarios, “en forma inmediata, completa y directa”. Con ello podremos atender, de inmediato las necesidades de vivienda de miles de familias en condición de pobreza, colaborar en la lucha contra la pandemia, y hacer un importante aporte a la reactivación económica y la generación de empleo
Como último dato, reseño que esos ₡28.000 millones no representan un esfuerzo adicional para la Hacienda Pública ya que fueron presupuestados para el 2021, aunque faltó una coletilla que recalcara su destino, lo cual se subsana con el proyecto de ley actualmente en discusión.
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